Proceso judicial supera al proyecto en Gasoducto Sur
La campaña proselitista a tiempo completo de Martín Vizcarra para el cierre del Congreso, con sus ministros haciendo de corifeos, ha logrado que los procesos judiciales cubiertos por los medios, sin objetividad, se impongan a la promoción de proyectos de interés nacional, como el Gasoducto Sur Peruano (GSP), hoy con nombre cambiado solo por cosmética.
El GSP es sumamente necesario. A fines del próximo año, o a más tardar a mediados del 2021 si la economía se sigue desacelerando, la cobertura de la demanda de energía se tendrá que hacer con las plantas termoeléctricas ubicadas en Mollendo e Ilo, que conforman el denominado Nodo Energético del Sur. Estas generadoras, que pueden operar a gas natural (GN) o diésel 2 (D2), tendrán que hacerlo a D2 al no estar en funcionamiento el GSP en esa fecha, sino el 2025, según la propia versión oficial.
La única alternativa es gas natural licuado y regasificado en unidades flotantes conocidas como unidades FSRU, sobre lo que tampoco se está haciendo nada. En lugar del debate público de una solución, los procesos judiciales son la noticia. Hay dos causas: una sostenida por el fiscal Reynaldo Abia y otra por la fiscal Giovanna Mori. La primera trata sobre el GSP en el período febrero 2013-julio 2014, mientras la segunda comprende el período octubre 2008-enero 2017 involucrando dos proyectos: Gasoducto Sur Andino (GSA) y GSP.
La causa del fiscal Abia se basa en relacionar los aportes de Odebrecht en la campaña electoral del 2011 con el proyecto, posición de difícil probanza. De allí la posición del juez de desechar las agendas de Nadine Heredia como prueba. Asimismo, trata de encontrar un vínculo colusivo entre el director del Comité del GSP de Proinversión con la gerente legal de Odebrecht, tema muy discutible.
El caso llevado por la fiscal Mori revisa los actuados desde el 2008, donde los temas sensibles son: dos leyes promulgadas en mayo de 2011 y diciembre de 2012, la anulación del contrato del GSA y la respectiva devolución de la carta fianza, más la revisión de las 23 circulares que se emitieron desde Proinversión para el GSP. Hay que informar con rigurosidad tanto de los procesos judiciales como del avance del proyecto actual del GSP.
