Pronto acabará el festín de los delincuentes
Después de haberse victimizado ante la OEA, como abanderados de la democracia supuestamente amenazados por una oposición golpista, son ellos –una vulgar secta de aplaudidores- los que interpretan caprichosamente la Constitución para forzar escenarios absolutamente fuera de la legalidad y disolver el Congreso.
Estamos ante un clarísimo enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo casi por cualquier cosa. Burneo, otrora un profesional responsable, hoy es un payaso más del circo. La posición intransigente del MEF, que no aceptaría ningún cambio a su propuesta, hace temer que podrían plantear una cuestión de confianza respecto del Presupuesto 2023. Sería un precedente nefasto de este gobierno. Lo usual es que se concilien intereses a nivel de la comisión y luego se discutan en el Pleno, lográndose una aprobación consensuada, pero el cada vez más acorralado Castillo y sus corifeos están desesperados buscando patear el tablero.
La sombra de la disolución logró un casi imposible: 98 votos para la demanda competencial y la medida cautelar. Desafortunadamente para lo único que se ponen de acuerdo por amplia mayoría es para cuidar el puesto. El TC tiene diez días para admitirla y treinta días para dictaminarla. Confiamos que se pronuncien con la mayor celeridad para evitar que el Congreso tenga que otorgarle la confianza a la censurada señora Chávez, virtual testaferro de Aníbal Torres. Ello nos recuerda que es indispensable reactivar la propuesta de modificación del artículo 130 de la Constitución y eliminar el voto de confianza cuando el premier se presente por primera vez en el Pleno para exponer la Política General del Gobierno. La cuestión de confianza en puridad es un mecanismo que busca legitimar a un gabinete, construir acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo y lograr una relación fluida y de cooperación de los poderes del Estado. Hoy es una perversa herramienta de amenaza y chantaje, fruto del cálculo político.
Y mientras los delincuentes se aferran al poder, los gobiernos locales solo han ejecutado el 50% de su presupuesto. Seguramente este último mes acelerarán los pagos al mejor estilo de Martín Vizcarra, quien un día antes de concluir su gestión como GR de Moquegua, autorizó el pago de más de S/ 40 millones a un consorcio integrado por la empresa ICCGSA, miembro del Club de la Construcción. Esa foto se repite a nivel nacional. A más inri, posiblemente la ejecución sea aún menor el próximo año, considerando el inicio de gestión y la inevitable rotación de personal. El pago de favores es un clásico y a las autoridades subnacionales no las fiscaliza nadie. Son unos reyezuelos feudales llenos de dinero ajeno. Solo en este mes hubo protestas en Palpa (Ica), Las Lomas (Piura), Socabaya y La Unión (Arequipa) por obras retrasadas o inconclusas. Algunos bloquean la Panamericana Sur, otros marchan y exigen a viva voz. Nada garantiza que sus reclamos serán atendidos. Nuevas autoridades, nuevos proyectos. Todos quieren ser los padres de la criatura desde el primer día.
No he escuchado decir a Castillo ni una sola palabra sobre el hambre de la población. Olvida que comer no es un lujo sino un derecho. Perú se ha convertido en el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica. Más de la mitad de la población no tiene acceso regular a alimentos y un 20% lo sufre de manera aguda. Millones de niños anémicos, con el cerebro infradesarrollado a nivel cognitivo. Es un problema terrible, complicadísimo, una condena como país que desafortunadamente el Midis y las muchísimas organizaciones internacionales de ayuda no pueden enfrentar. Su inmensidad nos desborda. Este solo hecho –además de su interminable lista de mentiras y delitos– lo descalifica absolutamente para gobernar. ¡Fuera, Castillo, fuera!
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