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Protejamos el empleo, pero cuidemos nuestro banco central

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Fecha Publicación: 30/03/2020 - 21:10
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La propuesta de que el BCR preste a instituciones financieras “con garantía del Tesoro”, para que estas a su vez presten a las empresas, tendrá como consecuencia que eventualmente el BCR se convertirá en acreedor del Tesoro. Esto ocurrirá inevitablemente cuando algunas empresas no puedan pagar a los bancos, los bancos exijan el pago al BCR, este recurra a la garantía del Tesoro y el Tesoro no le pague.

Esto va contra la ley del BCR, que buscó evitar que el Estado lo usara como fuente de financiamiento del Estado, la famosa “maquinita”. Esta regla –la de que el BCR nunca financie al Estado- ha sido uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica del Perú en los últimos 26 años. Se debe evitar que, con la excusa del coronavirus, se busque cambiar la ley del BCR abriendo la puerta a que el Estado se apropie de las reservas monetarias del país, como ha ocurrido en otros países -notablemente en Argentina, bajo Cristina Kirschner- trayendo como consecuencia inestabilidad y crisis económica.

El artículo de Jorge Baca y mío “Hay que evitar la ruptura de la cadena de pagos”, publicado por EXPRESO este domingo 29, propone la creación de un fondo, que podría denominarse Fondo Pandemia, que cuente con la garantía del Estado y se financie con recursos de terceros (organismos multilaterales, instituciones financieras, AFP e inversionistas privados y hasta personas naturales).

Se propone la intervención de Cofide, por ser la entidad peruana con mayor experiencia en la administración de este tipo de fondos, como lo ha demostrado, por ejemplo, en la operación del Fondo MiVivienda desde 1998. Como Cofide cuenta con mecanismos de información y pago entre las entidades financieras, la implementación del nuevo fondo puede ser muy rápida. Cofide sería solamente un canalizador de los fondos a los bancos, como en el caso de Mivivienda.

Para agilizar los desembolsos, los bancos podrían desembolsar inmediatamente los créditos a las empresas que cumplan los simples requisitos del fondo. El primer desembolso, para cubrir la planilla de marzo, podría hacerse requiriendo solamente una declaración jurada de las empresas. Cofide no participaría en las decisiones de otorgamiento de los créditos a las empresas, solo en la canalización de los recursos, tanto en el desembolso como en la recuperación de los préstamos.

No debe haber temor a que el fondo no se use o se demore en empezar a canalizar préstamos si las reglas para los desembolsos son simples, como propone el artículo. Los desembolsos deben ser automáticos. Inclusive, los sistemas de los bancos permiten autodesembolsos por internet cuando existen líneas de crédito aprobadas.

Las entidades financieras, incluyendo las empresas de factoring, sufrirán si los plazos a los cuales han captado recursos son menores a los nuevos plazos de pago de facturas. El Fondo Pandemia podría ampliarse para incluir también el apoyo financiero temporal en estos casos.

Al proponer el mencionado artículo que estos recursos se dimensionen por un monto equivalente a tres meses de planillas y honorarios profesionales, se ataca el objetivo primordial de preservar el empleo. Si la cadena de pagos se “suspende”, se interrumpen los pagos por compras de bienes y servicios entre empresas. Las instituciones financieras en su mayoría ya anunciaron la postergación de vencimientos, y el Estado la postergación de pagos de impuestos. Quedan por atender, sin embargo, las remuneraciones y honorarios, cuyo cumplimiento es indispensable para las necesidades básicas de los trabajadores, la continuidad del funcionamiento de la economía y prevenir una convulsión social. Por eso se planteó dimensionar el fondo al monto de las planillas y honorarios.

Está bien tomar medidas para contener la diseminación del Covid-19. Sin embargo, se debe tener cuidado de no exagerar en la aplicación de medidas generalizadas que creen condiciones con resultados aún más perjudiciales, como una convulsión social y la represión consecuente, cuando amplios sectores de la población, al perder ingresos, no puedan atender sus necesidades más elementales.

Por Jorge Peschiera Cassinelli