¡Pura mafia!

Según una nueva información —a la que tuvo acceso EXPRESO, e incluso publicó en su edición de ayer— existen nuevas y abundantes evidencias de que tanto el fiscal supremo Pablo Sánchez como el activista Gustavo Gorriti habrían escondido miles de audios que comprometen, tanto penal como moralmente, a jueces y fiscales. El objeto es manipularlos para que actúen conforme a sus intereses. Se trata de las declaraciones de la fiscal provincial titular Norah Córdova brindadas a Willax, confirmando la existencia de “arreglos” en el sistema de justicia tramados por Sánchez y Gorriti para beneficiar a Odebrecht y a terceros sospechosos. Expedientes que acabaron “por error” en las investigaciones y/o los procesos judiciales sobre la existencia de cientos de audios usados como instrumentos de extorsión. Esto lo denunció el fiscal Chávez Cotrina, por entonces coordinador nacional en casos contra el crimen organizado. Hasta que su proactividad incomodó a quienes traficaban con esa información reservada, nunca desmentida, referida a Pablo Sánchez y Rocío Sánchez, esta última sospechosa de favorecer a Vizcarra.
Es decir, todo sigue igual en Fiscalía alrededor de este escándalo que involucra al fiscal supremo Pablo Sánchez, como a Gustavo Gorriti. Inclusive este último habría tenido acceso a esos audios, lo que le da gran poder sobre decisiones fiscales. Tanto que surgió un nuevo gran escándalo: la ilegítima suspensión de una diligencia investigatoria en las oficinas de Gorriti, conducida por el fiscal Rodrigo Rurush. Suspensión ordenada por Pablo Sánchez tras recibir una grosera llamada telefónica al número privado del Fiscal de la Nación hecha por Gorriti; grabada y difundida por los medios, donde Gorriti maltrata a un sumiso Fiscal de la Nación, tras lo cual Pablo Sánchez ordena al fiscal Rurush: “Retírese ahora mismo, caso contrario aténgase a las consecuencias”. ¿Por qué este Congreso que abrió denuncias constitucionales contra fiscales como Delia Espinoza no lo ha hecho formalmente contra Sánchez ni Gorriti? Esto indica que la justicia en nuestro país opera bajo la lógica del poder político informal, donde el acceso a información sensible constituye un invencible instrumento de coerción política. Ello, sumado a la selectividad con que la Fiscalía lleva las investigaciones que tocan a Sánchez y/o Gorriti, ha perpetuado la impunidad para sujetos como Gorriti. Pero ¿cómo todo puede seguir igual, conociéndose que esta podredumbre trae por tierra toda posibilidad de hacer justicia en el Perú? La respuesta es que, basándose en amenazas de imputar a cualquiera con pruebas “fabricadas a la medida”, el poder político que ha consolidado la mafia caviar hace tiempo mantiene secuestrado al Ministerio Público y a parte del Poder Judicial.
El fiscal Sánchez y Gorriti tienen comprometedores expedientes relacionados al caso “Cuellos Blancos”, consolidando poder sobre las decisiones fiscales/judiciales. Sánchez ha aprobado denuncias constitucionales contra fiscales como Delia Espinoza. ¡Jamás contra Sánchez ni Gorriti! Todo indica que estos dos tienen expedientes “preparados” para empapelar al congresista que se atreva a tocarlos.
La exfiscal de la Nación Patricia Benavides fue suspendida por chats filtrados, pero a Gorriti nadie lo ha tocado, pese a aparecer en ellos. Mafia pura.

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