Q.E.P.D., la responsabilidad política

Estamos involucionando, muestra de ello es la llamada “Responsabilidad Política” que nadie pareciera recordar, es como si nunca hubiese existido. Ante los constantes destapes o revelaciones por la prensa de investigación, de irregularidades, de actuaciones que lindan con lo delictivo, por quienes están en el poder, quienes ocupan cargos de decisión, quienes administran presupuesto público, más allá de ser tendencia en las redes sociales por algunas horas, o recogidas en alguna portada de un diario de circulación nacional, pasa a ser como reza una salsa “periódico de ayer”. Aquello que lesiona el bien jurídico del “correcto funcionamiento de la administración pública”, se toma ahora a la ligera, se está llegando a niveles de fanatismo cuasi religioso la defensa a ultranza de la actual gestión en temas que “apestan”, como las reuniones nocturnas en el inmueble de Breña, el dinero en efectivo encontrado en el baño del secretario de la Presidencia, la denuncia por la venta del examen a los docentes del 13 de noviembre, donde un testigo protegido sindica como protagonistas a la hija del ministro del sector y una congresista de la República, que ¡oh sorpresa!, también concurría a la casa de Sarratea, el que una representante de una empresa proveedora del Estado habría organizado una fiesta a la hija del jefe del Estado, sin dejar de citar las controvertidas contrataciones en las altas esferas del Poder Ejecutivo, entre otros. Luego entonces, si se es de izquierda ¡TODO VALE!, aplica el efecto teflón, todo resbala.

Se pretende enredarnos en juego de palabras, que si la persona, a la sazón funcionario público, no ha sido sancionado con sentencia firme, así tenga en su contra un rosario de denuncias en agravio del Estado, es “idóneo” para el cargo y en la mayoría de casos, bien remunerado. O, que si los hechos escandalosos son de carácter penal, a nadie más que a los operadores de justicia deben rendir satisfacciones, mezclando lo penal con lo político, cuando sabemos que esto último lo que juzga es la actuación desleal del funcionario para con el Estado, para con la Administración Pública, para con la imagen del Poder al que pertenece, cuya actuación por acción u omisión desmerece o debilita, causándole “lesión”.

Lejos están esos tiempos donde el ministro o alto funcionario, conocidos hechos o actuaciones vergonzosas y/o ilegales, renunciaban a sus cargos “irrevocablemente”, por “dignidad”, un bien escaso en estas épocas, o si quiera, ponían sus cargos a disposición y eran separados en el acto. Esto es la llamada “Responsabilidad Política”, reconocer, asumir la carga de un error con o sin consecuencias penales presentado en su sector, así no sea el protagonista, dar explicaciones a los entes políticos, no refugiarse en el silencio y a renglón siguiente aceptar las consecuencias con su propia renuncia o separación del cargo. ¿Qué nos pasa?

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