¡Que deje de engordar!

En el Perú no hay ninguna voluntad política de achicar al Estado, ese monstruo sobredimensionado y costoso que se ha convertido en la mejor agencia de empleos y en el mecanismo para pagar favores, hasta compensar honorarios por cirugías y otros servicios personalísimos que, entre otras cosas, le costaron el puesto a un ex primer ministro. El Estado peruano es una maquinaria ineficiente: entidades sin estrategia, programas sociales que no reducen la pobreza y empresas públicas como Petroperú –la gran protegida de este gobierno a la que hoy el MEF le niega recursos. ¿Resistirá Pérez Reyes?– que desestabilizan las finanzas públicas.
La paradoja es que a pesar de que el Estado sigue engordando, es ausente o disfuncional en más del 70% del país: médicos reemplazados con curanderos, policías sustituidos por ronderos, y actividades ilegales /economía informal como mecanismo de subsistencia. Hay una absoluta desconexión geográfica y política que le es totalmente ajena a este gobierno.
Raúl Pérez Reyes (EC 14/06/2025) reconoce que el tema de fusión de ministerios no está en agenda. Para que sea eficiente, tendría un costo social alto que este gobierno no desea asumir. No quiere hacerla a la Argentina como Milei, que eliminó 48,000 puestos de trabajo y logró un superávit fiscal, gran milagro después de décadas. Es un trabajo quirúrgico que tiene como principal objetivo disminuir el pesadísimo gasto corriente, evitar la duplicidad de funciones y tener más agilidad en la toma de decisiones y, que debería ir de la mano con el paquete de shock “desregulatorio” iniciado por Salardi y que ha sido incrementado en más de 100 regulaciones, pero el MEF le tiene pánico a los sindicatos y a la calle revuelta. Prefieren ampliar el techo del déficit fiscal y seguir endeudándonos con graves consecuencias.
Hace unas semanas se anunció un plan para extinguir 14 programas de inversión de distintos ministerios y trasladar sus funciones a la ANIN, lo cual podría implicar un ahorro de S/ 4,000 millones. Sin embargo, el Congreso, que se ha convertido en una fábrica de medidas populistas, ha presentado un PL que plantea derogar la causal de cese del trabajador por extinción, fusión y/o absorción de la entidad. Si se cristaliza este proyecto, jamás podrá achicarse el Estado, con el agravante de que los trabajadores que fueron cesados en el pasado por estas causales, podrían solicitar su reincorporación. Si el puesto desapareció, habría que crearles uno, donde sea, aunque implique una duplicidad de funciones. Es un tema peligrosísimo, cuyas consecuencias no se están midiendo.
A más inri, los trabajadores que fueran repuestos no tendrían ninguna capacidad para devolver las compensaciones recibidas por el cese. El Estado perdería doblemente, pero al Congreso no le importa, solo piensan en la manera de seguir viviendo de nuestro dinero.
El premier Arana ha declarado que se formará una comisión para decidir la conveniencia del retiro del Perú de la CIDH. ¡Qué tal forma de lavarse las manos y de dilatar una decisión que debió tomarse desde hace muchos años! Reunirán a un grupo variopinto –posiblemente muy ideologizado por el lado de la academia y la sociedad civil– que nunca se pondrá de acuerdo. El gran riesgo es que no sea una evaluación neutral, sino que se ratifique la conveniencia de permanecer atrapados a esta Corte que, con su garantismo malentendido, protege terroristas y delincuentes, socavando la justicia para las verdaderas víctimas.
El camino es simple, jurídicamente impecable y teóricamente toma poco más de un año, pero requiere de coraje político para aguantar la embestida caviar –que los acusaría de autoritarios y represivos–, así como las ácidas críticas de ONGs y cierta prensa internacional. Lamentablemente, tenemos un gobierno débil y con un miedo cerval que no se va a comprar el pleito y, finalmente, la “honorable” Boluarte no resiste más enemigos, prefiere mirar de costado, como siempre.

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