¿Qué dicen ahora los defensores del adefesio (CIDH)?
Un escándalo se desató cuando afirmé que denunciar al Estado peruano por mantener el orden público es un despropósito y eso significó mi apartamiento del Ministerio de Educación. Ahora, el Perú es insultado otra vez por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admitió a trámite la petición del genocida, terrorista y cómplice del narcotráfico, Víctor Polay Campos, quien cumple una pena de 35 años de prisión. ¿Hasta cuándo debemos seguir sometidos a tamaño despropósito (o adefesio, para llamarlo como corresponde)? Esto no ocurriría si nos hubiéramos retirado ya de esa infausta CIDH y su adlátere, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El escenario legal peruano está en una encrucijada ética, que surge a raíz de eventos que han sacudido la confianza en el sistema y hacen que muchos cuestionen la coherencia e integridad de las decisiones que se toman. Vale la pena explorar este dilema ético a través de un análisis crítico de los acontecimientos recientes y sus implicaciones para la sociedad peruana.
Un punto de partida esencial para este debate es apartar de la gestión pública a un ministro de Educación por haber expresado una opinión franca y directa, señalando que la CIDH cometía un “despropósito”. Esto inició un debate sobre la libertad de expresión y el castigo que sufren aquellos que cometen el pecado de la incorrección política.
Pero este no es el único episodio que han sacado a relucir estas preocupaciones éticas. Hace unos meses la CIDH admitió la petición del siniestro terrorista Víctor Polay Campos, un cabecilla terrorista que carga sobre su conciencia la muerte de miles de peruanos. La mera admisión de su pedido causa indignación, comprensible en muchos sectores de la sociedad a la que también se ha sumado el gobierno actual. ¿Cómo es posible que un sujeto que es una vergüenza para el género humano pueda invocar el sistema legal para defenderse? ¿Cómo es posible que su petición haya avanzado hasta este punto?
Este caso ilustra un problema más amplio en el sistema legal peruano, que es la percepción de que los límites éticos a menudo se ven desafiados o incluso socavados. Las normas éticas que deben regir nuestras interacciones, tanto en el ámbito público como en el privado, parecen tambalear en ocasiones. Se espera que el sistema legal actúe como un garante de la justicia y la moral, pero episodios como estos minan la confianza en su capacidad para hacerlo.
En este contexto se plantea la pregunta: ¿hasta cuándo debemos seguir sometidos a tamaño despropósito o adefesio? La respuesta no es sencilla. Por un lado, el respeto por el debido proceso y la defensa legal son principios fundamentales en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, es crucial equilibrar estos principios con la necesidad de mantener la integridad y la moralidad en el sistema. La admisión de reclamos de individuos con historiales criminales notorios plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para distinguir entre la justicia y el abuso del derecho. Más aún si la instancia que admite esta petición es la cuestionada CIDH, que debería velar por los Derechos Humanos de todos, especialmente de las víctimas del terrorismo y de sus deudos.
En última instancia, este debate ético subraya la importancia de abordar las deficiencias del sistema interamericano y encontrar soluciones que restablezcan la confianza en su funcionamiento o, en su defecto, denunciar el tratado que ampara tamaño despropósito y salir de la CIDH y de su Corte.
La integridad del sistema legal es esencial para la convivencia moralmente válida de una sociedad. El camino a seguir deberá involucrar una revisión crítica de las prácticas y procedimientos actuales, con el objetivo de garantizar que la justicia y la moral prevalezcan en todos los niveles de la sociedad. Esto dicho con el perdón de los adefesios.
Por Oscar Becerra Tresierra
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