¿Qué esperamos?

La creciente ola de criminalidad en el país es un hecho que ha terminado por alterar la vida y la tranquilidad de la población, como en las épocas de los aciagos años del terrorismo. Los asesinatos a mansalva, las balas de los sicarios, las extorsiones y amenazas son ahora pan de cada día. No hay ocasión en que la prensa nacional no difunda estos actos y nos confronte frente a una realidad que pareciera no tener solución, con una Policía Nacional totalmente rebasada por la delincuencia, sin capacidad de reacción frente a las bandas criminales que se mueven con impunidad.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2014-2023, el Perú retrocedió casi siete años en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con datos cercanos a los registrados en el año 2017. El INEI señala que entre los años 2021 y 2023 la cantidad de personas que indicaron haber sido víctimas de algún acto delincuencial pasó de ser 18,2 % (2021) a 27,1 % (2023), mostrando un incremento altamente significativo respecto al año 2022 de 4,2 puntos porcentuales.
Mientras que el boletín estadístico de la Policía Nacional del Perú (PNP) precisa que, en el primer trimestre de este año, se pudo observar, por ejemplo, que las denuncias por delitos se habían concentrado en las regiones de Lima (75,057), Lambayeque (11,618), La Libertad (11,515), Arequipa (11,192), Piura (9,935) y Junín (8,405). Y, por el contrario, Huancavelica (586), Pasco (822), Moquegua (1,110), Tumbes (1,347) y Madre de Dios (1,361) eran las regiones con la menor cantidad de denuncias por delito. Mientras que una encuesta reciente a nivel nacional arrojaba que el 62 % de los peruanos encuestados consideraba haber aumentado la cantidad de delitos o violencia en su vecindario en los últimos 12 meses.
Esta es la dramática realidad. La inseguridad campea no solo en Lima, sino en el país, con algunas regiones donde se registran mayores incidencias. ¿Qué hacer?
La policía no garantiza seguridad. La ciudadanía señala que no se siente protegida, pese a los esfuerzos que pueda realizar la institución policial, que no cuenta con el número de personal suficiente para enfrentar la ola de delincuencia urbana, ni con el presupuesto adecuado para dotar a sus miembros con las armas y equipos necesarios. Frente a esta realidad, las autoridades locales, quienes están en contacto directo con la población, han levantado la voz para reclamar la participación de nuestra Fuerza Armada en apoyo a la policía por las calles y puntos estratégicos de las ciudades. Y no les falta razón. Creemos que el gobierno debería escuchar el clamor de la población y declarar en estado de emergencia al país, para hacer posible la participación de nuestra FFAA, porque la gravedad de la situación amerita esta medida.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, que es uno de los distritos más golpeados en la capital, reveló que en su jurisdicción solo cuenta con 650 policías para una población de un millón 200 mil personas. Él insistió, a través de la prensa, en pedir la presencia de las Fuerzas Armadas en el patrullaje de las calles. “La policía ya no es suficiente”, dijo el burgomaestre. Lo propio demandó el alcalde de Miraflores, Carlos Canales. “La lucha contra la delincuencia debe ser permanente en favor de la ciudadanía. Le pedimos al gobierno que el Ejército intervenga en las zonas limítrofes de los distritos para el control de seguridad”, señaló.
A su vez, en la Municipalidad de Lima, se acordó, por unanimidad, solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en casos puntuales, ante el incremento del crimen y la violencia en la capital. La medida, según informó su teniente alcalde, fue adoptada en una sesión extraordinaria, debido a que “la Policía Nacional del Perú no se da abasto para el control interno en determinados sectores”. Renzo Reggiardo señaló que “tenemos que dar señales claras a la población para decirle al Ejecutivo que tome las medidas necesarias en favor de la seguridad de todos y por eso es que hay un marco legal que lo contempla, sin restringir derechos ciudadanos”. El gobierno tiene la palabra final. ¿O seguirá espectando cómo crece la delincuencia con impunidad?

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