¿Qué esperan, señores congresistas?
El informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recomienda acusar constitucionalmente al aún presidente Pedro Castillo por “coordinar los direccionamientos” y los resultados de las licitaciones llevadas a cabo por el Ministertio de Transportes, en coordinación con Juan Silva, ex ministro de dicho sector; Bruno Pacheco, ex secretario general de palacio de gobierno; con la participación de Zamir Villaverde, operador sembrado por el citado ex ministro hoy prófugo; y, finalmente, con la intermediaria Karelim López. Los delitos que les ha imputado la Comisión del Parlamento, en torno a la cuestionada licitación del “Puente Tarata”, respecto a la cual señala que los dueños del consorcio constructor que ganó esa obra le habrían entregado dinero a Pedro Castillo a través de Karelim López; lo mismo que al ex ministro Silva a través de Zamir Villaverde. La comisión concluye en la existencia de una organización criminal –dirigida, señala precisamente, por el propio mandatario Castillo- que habría incurrido en delitos como negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Ahí no queda la denuncia. La comisión también acusa a Castillo -nos referimos al aún presidente- por la presunta comisión de tráfico de influencias tanto en el proceso de ascensos en las FF.AA. -en connivencia con el entonces ministro de Defensa Walter Ayala- como en un intento de manipulación a la Sunat en beneficio de empresarios amigos suyos. Otra causal de denuncia –por los mismos delitos- es el uso subrepticio del antro de Sarratea para coordinar diversos enjuagues en perjuicio del Estado. Tras la delatora negativa de Pedro Terrones para presentarse a la referida comisión congresal, este órgano investigador elevará a la Comisión de Acusaciones Constitucionales su informe de cerca de 240 páginas, sin los descargos que pudo haber presentado el todavía mandatario. Una vez que Acusaciones Constitucionales emita su dictamen, este será elevado al Pleno del Congreso para que los legisladores decidan con sus votos si proceden a elevar esta acusación por infracción constitucional ante la Justicia, o si archivan el proceso.
Sin embargo, mientras esto ocurre el país se cae a pedazos. La inflación crece abruptamente y el malestar social se dilata cada semana. El paro de los transportistas y trabajadores agrarios podría ser la gota de agua que desemboque en una huelga nacional. A estas alturas, debido a la incapacidad del ministro de Agricultura y los principales funcionarios del sector -impuestos por este gobierno de analfabetos- ya se habría perdido la oportunidad para efectuar la siembra de los principales productos de panllevar. Esto provocará más escasez y elevación de precios, ante la inminente necesidad de importarlos mediante operaciones, o bien mal hechas -como el caso de esos dos intentos fallidos para importar urea- y/o haciéndolo con precios inflados para cumplir con la repartija de coimas -conociendo que el sector agricola está en manos de sujetos incompetentes, cuando no ladrones-, y/o ambas taras.
Cada minuto que pasa, la población se encuentra más vulnerable ante la corrupción e ineptitud de este gobierno de cafres. ¡Señores congresistas, Juan Pueblo es víctima de su indecisión! ¿Hasta cuándo?
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