¿Qué más nos espera?
La violencia sexual contra menores en el país no se detiene. Por el contrario, se incrementa frente al estupor ciudadano. Lo que ha ocurrido esta semana con una niña de cuatro años, raptada por un adolescente y luego violada y asesinada en el distrito de Independencia, no tiene nombre. Al parecer, hemos tocado fondo como sociedad. Y, como siempre, las autoridades encargadas de brindar seguridad ciudadana y ofrecer protección a los menores, la mujer y la familia, sólo exhiben comportamientos reactivos, antes que preventivos como sería lo deseable.
Estos hechos de violencia sexual no son nuevos en el país, como no lo son en otros países, incluso en aquellos más desarrollados del primer mundo. Lo preocupante es que, en el tiempo, no se haya hecho nada o muy poco para enfrentarlo con firmeza y con políticas pública claras, coherentes, que no descuiden el más mínimo detalle para su eficacia. En esto todos debemos sentirnos responsables, unos más que otros, claro está, en razón a los niveles de competencia. Los sucesivos gobiernos en estos últimos decenios, no han logrado poner como prioritario en la agenda pública, esta situación.
El incremento de estos hechos de violencia tiene preocupada a la población. Sólo en el primer mes de este año, se informó que el Ministerio de la Mujer atendió a 464 menores víctimas de violencia sexual en todo el país. Esto de por sí ya es alarmante. Durante el año pasado, según se lee en su página web, este ministerio registró 16,632 casos de delitos sexuales a nivel nacional. La estadística dio cuenta que de ese volumen, el 43.8% correspondió al delito de violación sexual; el 37.3%, a actos contra el pudor; el 6.3%, a hostigamiento sexual y el 4.3% son casos de acoso sexual en espacios públicos.
Hace un año, por ejemplo, la prensa daba cuenta que cada día diez adolescentes mujeres entre 12 y 17 eran violadas y que la mayor incidencia de estos casos se presentaba en la ciudad de Lima. ¿De dónde provenía esta información? De los archivos estadísticos y la data de la Policía Nacional del Perú. Allí se decía que sólo en el 2018; es decir, hace dos años, se pudo registrar tres mil 767 denuncias de violación sexual, en la que sus víctimas eran, mayormente, adolescentes mujeres. Una cifra alarmante que bien pudo haber merecido la atención de quienes tienen responsabilidad de gobierno y de dar las leyes que el país requiere.
Entonces, ya se informaba que sólo en Lima, el 2018, se había dado mil 191 denuncias por violación sexual, lo cual significaba un incremento del 48%, respecto del año anterior. Le seguían, estadísticamente, las regiones de Arequipa, Junín, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca. Lo más sorprendente es que, según los datos que maneja la Policía, el más alto índice de abuso sexual tiene lugar dentro del domicilio de la víctima y que su agresor es, generalmente, un miembro de la familia o tiene una relación parental en hogares, principalmente, disfuncionales y más vulnerables.
“Los responsables de estos abusos por lo general son: enamorado (567), ex enamorado (129), pareja (159), padrastro (413), primo (247), tío (398), vecino (982) o persona desconocida (2 247)”, informaba la prensa, tomando como fuente los reportes de la PNP. La violencia sexual ha ido en aumento, lamentablemente, lejos de bajar. Es noticia de todos los días, Hemos sido, de paso, infectados por el morboso tratamiento de estos hechos, tanto que el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, integrado por miembros de la sociedad, la empresa y el Estado se vio precisado a llamar la atención de los medios frente al denigrante manejo informativo de casos de violencia sexual con muerte, como lo ocurrido esta semana con la niña raptada y, al parecer, violada y asesinada por un adolescente. Este hecho ha terminado por sacudir las fibras más sensibles de la población. Parodiando al eterno Vallejo, diremos: “Hay, hermanos, muchísimo por hacer”.
Juez Supremo
