Que no se politice la discusión sobre el Larco Herrera

En las últimas semanas ha estallado una controversia entre el Congreso de la República, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) sobre la propiedad del terreno donde funciona el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. El debate surge tras el anuncio de modernización hospitalaria y proyectos congresales que proponen una transferencia gratuita del terreno.
El hospital fue inaugurado en 1922 gracias a la donación de la familia Larco Herrera, con una condición precisa: el terreno —15 hectáreas— debía destinarse exclusivamente a la atención en salud mental. Ese gesto filantrópico convirtió al hospital en un referente continental y, al mismo tiempo, en un legado cultural que simboliza la unión entre iniciativa privada y bien público.
La propiedad del terreno pertenece a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, institución creada en 1834 para administrar patrimonios destinados a fines sociales. Su directorio tiene una composición mixta: tres representantes designados por la Municipalidad de Lima y dos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este esquema garantiza un gobierno institucional que combina presencia estatal con autonomía patrimonial.
La Beneficencia no recibe dinero del Estado; se financia con la renta de sus bienes para sostener programas dirigidos a niños en abandono, adultos mayores y poblaciones vulnerables. Sin embargo, la administración del hospital ha estado en manos del Minsa durante décadas. Esta figura mixta, entre uso y propiedad, originó procesos judiciales cruzados: de un lado, el Minsa buscó prescribir la propiedad por ocupación; del otro, la Beneficencia reclama deudas por más de 800 millones de soles, que le permitirían fortalecer sus programas sociales.
En el discurso presidencial de julio de 2024, el Gobierno anunció la modernización de los hospitales centenarios del país, entre ellos el Larco Herrera. Sin embargo, para ejecutar un proyecto de esa magnitud se requiere, primero, sanear la situación legal del terreno. Sin un marco claro, el Estado no puede elaborar un expediente técnico ni invertir en nueva infraestructura.
En ese contexto, han surgido voces desde el Congreso que plantean transferir el terreno al Minsa “a título gratuito”. Incluso se ha insinuado que la Beneficencia busca desalojar al hospital. Especulaciones que no resisten un análisis serio: primero, porque la donación del terreno tuvo la condición de ser destinado exclusivamente a salud mental; y segundo, porque la Beneficencia no ha expresado intención de cerrar el hospital. Lo que se exige es que se respete la propiedad y se encuentren mecanismos viables para formalizar el uso público.
Aquí conviven tres bienes públicos: la salud mental, el patrimonio cultural y la atención a poblaciones vulnerables. El hospital es esencial para la psiquiatría nacional, pero también constituye un conjunto arquitectónico deteriorado que merece ser recuperado. Entre sus espacios está el Museo de la Psiquiatría Peruana, hoy prácticamente olvidado.
Es cierto que el Estado puede expropiar si acredita necesidad pública, pero la Constitución obliga a hacerlo mediante ley y con pago de justiprecio. Desconocer esta norma abriría un precedente peligroso: ¿qué confianza tendría un futuro mecenas en donar terrenos si luego el Estado decide apropiárselos sin compensación?
La solución requiere menos confrontación y más gestión. Un acuerdo entre Minsa, Beneficencia y el Ministerio de Economía debería:
Definir el área hospitalaria indispensable para salud mental, garantizando su uso estable por parte del Estado.
Devolver a la Beneficencia las áreas excedentes para proyectos culturales, recreativos o inclusivos.
Resolver la deuda pendiente mediante instrumentos financieros de largo plazo, como bonos soberanos.
Proteger y recuperar el patrimonio cultural, en coordinación con el Ministerio de Cultura.
La discusión no debe politizarse. Es una oportunidad para armonizar salud mental, protección social y cultura, bajo reglas claras y con respeto por la historia.

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