Que no se repita la ilícita compra de aviones sobrevalorados
Mucho cuidado. Que no se repita la historia que vivimos cuando, en el gobierno de Fujimori, se compraron aviones de segunda mano con una sobrevaloración de 300 millones de dólares, que en la práctica fueron coimas que se embolsilló Montesinos y compañía, dizque en parte para financiar la campaña de la re-reelección.
El delito fue probado y sentenciado por el Poder Judicial. Según el Ministerio Público, en aquella ocasión se pagaron 452 millones de dólares por aviones MIG-29 y Sukhoi, a pesar de que su valor real era de 158 millones, por tratarse de aeronaves de segundo uso.
Ahora se pretende gastar 3 500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de caza. Si hacemos una simple división, cada avión costaría 145 millones de dólares. Obviamente, la FAP se merece tener una buena flota. ¿Pero por qué tan caros, habiendo en el mercado opciones para todos los bolsillos? Los países desarrollados pueden gastar cantidades exorbitantes, pero un país como el Perú, que necesita dar agua y desagüe a más de siete millones de peruanos, no está para derroches.
¿Y para qué efectuar este tipo de compra justo ahora que el país está en déficit? No estamos en condiciones de hacer gastos tan altos, y mucho menos de endeudarnos comprando aviones de guerra, especialmente cuando trabajamos por mantener la paz con nuestros vecinos. ¿El Congreso analizó bien esta decisión? Siempre se ha buscado un equilibrio en la región, no una carrera armamentista.
Por eso, es preocupante que desde el Gobierno se haya dicho que esta compra sería para “estar preparados para la guerra”. ¡Por favor! Necesitamos paz. Ya tenemos suficientes conflictos internos con los narcos y mineros ilegales como para pensar en abrir frentes externos.
Además, resulta muy extraño que la presidenta se reúna con el dueño de una empresa fabricante de aviones. ¿Es ético que un presidente se reúna con un vendedor de aviones en medio de una compra o licitación anunciada?
Estamos hablando de una adquisición de 3 500 millones de dólares que debe ser extremadamente fiscalizada desde el Congreso, la Defensoría, la Contraloría y cualquier instancia que ayude a prevenir tentaciones y hechos de corrupción, como los de Montesinos.
Esto no es un gasto personal. Son recursos del Estado peruano que deben ser manejados con total transparencia. Toda compra de esta magnitud debe hacerse mediante licitación pública, sin contacto previo entre el comprador y los posibles proveedores. Las ofertas deben presentarse en sobres lacrados, evaluadas por jurados imparciales y técnicos, sin intervención política o militar.
Se deben modificar las normas y cerrar cualquier vacío legal. Si para comprar fotocopias hay exigencias de la Contraloría, los candados deben ser aún más fuertes cuando se trata de aviones de guerra.
¡Despierta, Perú! Que no se repitan las malas historias. ¡Bendiciones!
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