¿Qué nos espera políticamente para el 2025?

Es claro que no existen las bolas de cristal que puedan ver el futuro, pero hay algunas cosas que pueden asumirse debido al escenario actual. Para empezar, en Perú, el conflicto institucional que ha venido caracterizando a nuestra democracia los últimos años parece destinado a persistir. A eso se le suma que la presidenta Dina Boluarte enfrenta un desgaste evidente, sin posibilidades de recuperar popularidad, mientras que el Congreso, por otro lado, continúa con un alto nivel de desprestigio, lo que socava las instituciones democráticas frente a la opinión pública.
Este desprecio generalizado hacia las autoridades democráticas no solo profundiza la crisis, sino que también crea un terreno fértil para el florecimiento de discursos de naturaleza autoritaria, que prometen soluciones inmediatas y severas.
Sin embargo, a pesar de los problemas, el modelo económico del país permite mantener un crecimiento significativo en comparación con otros países de la región. Entre los temas que siguen pendientes está el avance de las economías ilegales. Sectores como la minería ilegal probablemente consolidarán su capacidad de actuar con impunidad, debido a una combinación de poderes locales, corrupción y la falta de interés de las autoridades. Parece inevitable que la sensación de inseguridad aumente, alimentada por un Estado que ha demostrado ser incapaz frente al crimen organizado.
A pesar de esto, es muy probable que la presidencia de Boluarte logre llegar al final de su mandato, pues no existen condiciones políticas que representen una amenaza real a su permanencia. Los acuerdos tácitos basados en intereses compartidos entre el Ejecutivo y el Legislativo seguirán funcionando. Sería ingenuo imaginar que un Congreso tan ampliamente desacreditado ante la opinión pública se atrevería a poner en riesgo esta frágil estabilidad para atacar al Ejecutivo. En línea con las tendencias globales de liderazgos confrontacionales, Boluarte probablemente endurecerá su discurso y política.
Un ejemplo claro es la narrativa oficial sobre la migración venezolana, que, lejos de abordar los problemas estructurales de fondo, los proyecta hacia un enemigo conveniente, culpando a la migración extranjera de todos los problemas de seguridad, a pesar de que, según la ONU, “en abril de 2023 cerca de 32 de cada 100,000 personas venezolanas fueron denunciadas por delitos contra el patrimonio, mientras que 412 de cada 100,000 peruanos fueron denunciados por los mismos delitos”.
Estos desafíos locales encuentran un eco en el panorama global, donde las tensiones geopolíticas también están en aumento. Nos dirigimos hacia un mundo donde las reglas del juego político parecen estar siendo reescritas para justificar invasiones en nombre de la soberanía o la seguridad nacional. Por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania de 2022 establece un precedente importante. Pero esto no solo pasa en Europa del Este, sino también ha llegado a América con las reflexiones de Donald Trump sobre comprar Groenlandia, retomar el control del Canal de Panamá, anexionar Canadá e incluso invadir México, escenarios que resuenan con la actual pugna entre China y Taiwán, y también se reflejan en la invasión que Turquía e Israel han hecho en territorio sirio luego del colapso del régimen de Bashar al-Asad.
Gran parte de esta postura puede quedarse en el plano retórico, pero es sintomática de una nueva etapa en los asuntos globales, lo que claramente debilita el derecho internacional impulsado por la ONU. El año 2025 se perfila como un año lleno de desafíos, no solo a nivel nacional, sino también internacional. En Perú, la dificultad será preservar la democracia en un contexto donde el desencanto y la desconfianza pueden abrir puertas muy peligrosas.

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