¿Qué pasará en abril?
Indudablemente las descoordinaciones entre los más altos niveles del Ejecutivo son el sello característico de este gobierno transitorio. A los anuncios públicos de Dina Boluarte sobre asuntos que ni siquiera habían pasado por el gabinete ministerial, y que no se concretan, ahora se suma el premier Otárola. Es así que el PCM anunció, con gran despliegue mediático, que el Gobierno iba a entregar un bono económico a la PNP por la sobrededicación de estos meses (órdenes de inamovilidad, recorte de permisos, pérdida del 24x24, etc.). Pero, según Carlos Basombrío, el PCM “no había siquiera consultado con el MEF, que dijo nones, que harían en cambio un esfuerzo para pagarles las deudas de viáticos atrasadas. Apuesto doble contra sencillo que en muchos casos ese derecho adquirido y presupuestado se ha cumplido y que los policías duermen en cualquier lugar y comen lo que haya”. Y con ese evidente desbalance policial entre derechos y obligaciones, ¿esperan que los policías pongan su vida en peligro?
Pero las descoordinaciones y diferencias de opinión más importantes son las que se refieren al tema del control de las movilizaciones sociales. Es así que existen grandes interrogantes de lo que pasaría en abril, cuando se estima que se produciría el reinicio de las movilizaciones. ¿El Gobierno aprovechó la prolongada tregua para adquirir los insumos y equipos para enfrentar la violencia? No parece ser el caso. Es que España ha manifestado que no venderá a Perú las bombas lacrimógenas y otros insumos que se requerían. Y el fantasma del fracaso de las 4 licitaciones de fertilizantes se vuelve a aparecer. ¿Y los rochabuses que se requerían para frenar las movilizaciones violentas?
Y no se puede argumentar falta de dinero, porque esa restricción no existe. ¿Se han identificado y capturado a los líderes de las mismas? Y el experimento de Puno (a cargo del Ejército con el apoyo de la PNP) parece estar avanzando muy lentamente. Es que la principal diferencia entre el EP y la PNP es la utilización de armas de fuego de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento legal vigente. Pero si ni eso se le permite, ¿qué es lo que va a suceder cuando se reanude la violencia? Es que Dina Boluarte, en su afán de que no exista ningún muerto adicional, estaría atando las manos del EP. Todos quisiéramos que no hubiera fallecidos, pero hay circunstancias, claramente reglamentadas, en que los efectivos del Ejército necesariamente tienen que hacer uso de sus armas de fuego. Si no, los violentistas percibirán esta situación y sacarán provecho de ello. Hay que tener en cuenta que las movilizaciones de diciembre y enero fueron coordinadas por una triple alianza: las diversas izquierdas tradicionales, Sendero y sus diversas organizaciones y el crimen organizado, con el apoyo internacional del socialismo del siglo 21. ¿Ustedes creen que la minería ilegal (más de 4 mil millones de dólares anuales) no va a seguir financiando? ¿Por qué el Gobierno no les envió algún mensaje, como volar dragas y otros equipos, como sí lo hicieron anteriormente? En cuanto a los otros integrantes de la alianza no veo ninguna razón por la que no continuarían apoyando una nueva ola de violencia. Sin embargo, la gente estaría menos motivada que en la primera etapa, pero los violentistas pagados son los que hicieron los mayores perjuicios. Veremos qué sucede.
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