¿Quién defiende al ciudadano?

El todopoderoso fiscal Domingo Pérez, cerril protector del pacto secreto suscrito entre la Fiscalía y la corrompedora Odebrecht que, en la práctica, 1) le concede impunidad a los propietarios de esa constructora, culpable de la desestabilización socioeconómica del Perú; 2) reduce a pesetas la indemnización que debió pagar al Estado peruano por haberle robado varios miles de millones de dólares; y 3) como cerecita sobre la crema, permite que esa pervertida firma brasileña continúe prestándole servicios al Estado al cual, repetimos, ha estafado esquilmándolo y a cuyo mecanismo judicial ha convertido en su lodazal. El fiscal Domingo Pérez sigue siendo estrella mediática para el diario El Comercio, acérrimo defensor de Graña y Montero cuyo propietario, José Graña MQ, fue el socio local predilecto de Odebrecht, y a quien la fiscalía a cargo de Pérez aceptó que participe como infidente, delatando a terceros a cambio de declararse culpable de defraudar al Estado por muchísimos millones de dólares. Daño por el cual se le habría pedido una ínfima indemnización.

Graña MQ fue el principal accionista individual de El Comercio hasta que, ya involucrado en el affaire Lava Jato, transfirió ese activo a sus familiares. Sospechosamente, en la portada de su edición de ayer El Comercio resaltó, con fotografía incluida, la imagen de Pérez, a quien concediera una página entera para que, impunemente, se despache contra el poder Legislativo. Cualquier suspicacia es pura coincidencia, diría el fogoso, cinematográfico fiscal Pérez.

Como se sabe, el fiscal Pérez es experto en teatralizar sus funciones en el Ministerio Público. Para ello cuenta con un poderosísimo apparatchick mediático capitaneado por el diario propiedad de la familia de Graña MQ, y rebota en La República, RPP, canales 2,4,8,9. Todo un poder dentro del poder que dirige la vida y patrimonio de 32 millones de peruanos, sometidos en todo momento a soportar algún ataque de este prepotente sujeto, amparado bajo su condición de fiscal. Esto acaba de ocurrirle a Luis Gonzales Posada, Javier Villa Stein, José Barba Caballero y Rafael López Aliaga a quienes, por decir la verdad, Pérez les imputa haber cometido “delito contra la libertad –acoso- en agravio suyo”. Pero pongamos los hechos en perspectiva. El fiscal Pérez y su jefe, el fiscal Vela, se presentan como paladines de la anticorrupción.

Particularmente, en el caso Odebrecht. Sin embargo, han transcurrido seis años desde que este país fuese zamaqueado por el escándalo que causó la noticia que el presidente Alejandro Toledo había recibido 35 millones de dólares de Odebrecht. El asunto fue adoptado con visos hollywoodenses por la dupla Pérez-Vela. ¿Resultado? Seis años después, el sumario de marras se encuentra nada menos que ¡sin acusación fiscal!; Toledo riéndose desde California, EEUU; Odebrecht y Graña y Montero contratando bajo otro nombre con el Estado; el Perú abandonado a su suerte y estafado por miles de millones de dólares; y los fiscales Pérez y Vela mediáticamente convertidos en omnipotentes personajes de la farándula justiciera que, hace dos décadas, le incrustara la mafia caviar a este país.

¿Quién defiende al ciudadano ante semejante moledora humana?

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