¿Quién defiende a los colegios?

Por Edistio Cámere

En el artículo 6° de la Resolución Ministerial #458-2021- Minedu, del 23 de noviembre, se lee (…) por ejemplo, si se tratara de un aula con 40m2 de área total transitable, el aforo permitido sería de 18 personas (40/2.25 =18). Siendo el área mínima ocupada por persona de 2.25 m2, (…) La precisión del enunciado frena en seco los buenos deseos del Gobierno de que en el mes de marzo de 2022 los estudiantes retornen a sus centros de estudio.

Si bien la presente resolución intenta clarificar el panorama educativo, tiene un efecto contrario: extiende una sombra opaca que se cierne sobre cada escuela pública y privada. Una parte de esa sombra, que ya es marca registrada del actual gobierno, tiene que ver con la introducción arbitraria de la incertidumbre y la desconfianza en el ordinario vivir de los peruanos.

El Gobierno proclama una medida que los medios de comunicación hacen extensiva a todos los ciudadanos. El anuncio genera esperanzas en los beneficiarios, quienes recurren a los prestadores de los bienes o servicios involucrados, con la finalidad de que cumplan con lo prometido.

El populismo agita las expectativas de unos, pero traslada la responsabilidad de su satisfacción a otros, a expensas de sus capacidades o recursos. Mas si no cumplen, el Gobierno lejos de pechar sus compromisos, los incordia inculpándolos como obstruccionistas. En suma, las instituciones intermedias se las tienen que apañar huérfanas sin ningún tipo de apoyo.

Con esta norma los colegios no podrán retornar a la presencialidad. El cumplimiento de “el área mínima ocupada” habla de 18 estudiantes por aula; con lo cual, para atender a un grado de 60 simultáneamente se necesitarían tres aulas. Así, una escuela con 13 grados de estudio – pre kínder hasta quinto de secundaria – tendría que disponer de 39 aulas hábiles.

Otra opción a considerar sería la de ofrecer dos horarios de clases: mañana y tarde. Dos cuestiones previas. ¿Se aceptaría el número de horas de dictado? ¿Se aceptaría que los mayores costos –por el incremento de plazas docentes - sean trasladados a los padres de familia y a las cuentas del Minedu? ¿Y el sistema híbrido, sería la solución? ¿Estarían al alcance de todos los colegios la infraestructura y los recursos tecnológicos requeridos? Sería muy bueno escuchar a los docentes sobre el particular.

Otra consecuencia del doble y desconcertante mensaje del gobierno perturba la previsión y planeamiento tanto de las escuelas como de los padres de familia. A pocas semanas de terminar el presente año, ni las escuelas pueden comunicar “el cómo será” el 2022, en lo académico ni en lo económico; a su vez, los padres de familia no pueden organizar con tiempo sus horarios laborales con los de sus hijos. Eso sí. La sobrerregulación continuará impertérrita. Si un colegio no informa los costos del año próximo, será amonestado y multado por INDECOPI.

Toca a los directivos de las escuelas subsidiar al gobierno, dando certezas en momentos inciertos a sus familias.

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