Radiografía política

El Perú se encuentra en cuidados intensivos ante el cáncer terminal de corrupción política que nos aqueja.

Es hora de alzar nuestra voz de protesta y hacernos sentir, este Gobierno ha vulnerado principios básicos de toda nación.

No se puede aceptar, permitir y consentir que Odebrecht haga lo que quiera con nuestra Patria y que el Gobierno siga de cómplice.

Somos una vergüenza ante el mundo, cada ministro es peor que el otro, todos sucumben ante Odebrecht, hasta la fiscal de la Nación de la mano de dos fiscalillos con un acuerdo lesivo para el país, con una exoneración tributaria que viola el ordenamiento jurídico-tributario y encima nos han denunciado en el CIADI.

¿Dónde está la gente decente del Perú? Para decir ¡Basta ya!, la cantaleta de la lucha contra la corrupción pregonada por Vizcarra es una farsa, como todo su Gobierno.

El cáncer de la corrupción política se ha expandido en todo el Estado de la mano de gente inepta e incapacitada para tener las riendas del país, de los ministerios, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo y demás entidades de la Administración Pública. Los 33 millones de peruanos no podemos permitir esta afrenta a la Patria.

Que el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, señale desconocer las causas por las que la Sunat no puede ejecutar el pago a Odebrecht, afirmando “No estoy muy informado al respecto. Sin embargo, obviamente, si hay algún nivel de esclarecimiento que lo hagan los entes rectores ante la opinión pública”, olímpica lavada de manos cual Pilatos.

Esta gente del Gobierno se olvidó del interés público, interés general o interés nacional, que es la denominación de un concepto esencial de las ciencias políticas, con muy distintas expresiones, pero se identifica con el bien común de la sociedad, entendida como un cuerpo social. La expresión se usa para reflejar el postulado de que la finalidad de las acciones del Estado, o de las instituciones de una comunidad políticamente organizada, ha de ser el bien del conjunto del pueblo. Se puede concebir como la guía o criterio para tomar decisiones políticas y económicas que buscan el bien común de una sociedad.

Sin embargo, Domingo Pérez se olvidó de este precepto y archivó la denuncia formulada por la Sunat contra tres exfuncionarios de Odebrecht por un monto superior de mil millones de soles, debido al delito de defraudación tributaria en agravio del Estado.

Este recurso fue archivado por el fiscal Pérez en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz firmado por Odebrecht y el Ministerio Público, acuerdo corroborado por el Poder Judicial y que estableció que los procesos penales contra los funcionarios de la empresa debían archivarse; sin embargo, esta condición no contemplaba delitos tributarios, a pesar de ello la fiscal de la Nación amplió la competencia del equipo especial e incluyó este tipo de delitos.

Un chantaje en donde las autoridades se arrodillaron sin pensar en el interés nacional.