Recordando hace cuatro años sobre el acuerdo con Odebrecht (I)

Importante hito en la protección de los derechos ciudadanos es la sentencia conseguida hace algunos días del Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 0291-2024 sobre habeas data, a iniciativa de un destacado periodista peruano.
Ordena la sentencia que se haga entrega de copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz de 15 de febrero de 2019 y del Acuerdo Complementario de 20 de mayo de 2019, celebrados por el Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y tres empresas del Grupo Odebrecht y cuatro de sus funcionarios, todos ellos de nacionalidad brasileña. No lo dice expresamente la sentencia, pero se supone que la entrega sea realizada al periodista accionante.
Al día de hoy esa entrega ya se realizó, aunque, por lo que es de conocimiento público, el periodista y su defensa técnica legal deben analizar y confirmar si se trata de copia auténtica de los acuerdos antes mencionados.
Considero que, dada la naturaleza y trascendencia de la materia, sería igualmente adecuado que se haga también formalmente la entrega de los documentos a cada una de las autoridades nacionales llamadas a fiscalizar la gestión pública, como es el caso del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y los entes de control interno del Ministerio Público y del Poder Judicial.
En estricto apego a la verdad, estimo necesario recordar que hace ya cuatro años inicié también, desde mi condición de actora política y de parlamentaria nacional —reelegida en cinco oportunidades en los últimos 32 años—, una batalla congresal y mediática, casi solitaria y bloqueada incluso en la Comisión de Justicia por grupos políticos como Acción Popular, el Partido Morado, el Frente Amplio y el FREPAP, a través de sus bancadas en el Congreso complementario 2020-2021, para romper tan insólito e impropio secretismo sobre un acuerdo que jamás debió celebrarse y que, si se celebró, es porque intereses contrarios al Perú así lo decidieron, con fines claramente sospechosos de alta corrupción y para tener igualmente a la mano un mecanismo de persecución política a quienes podían alejar del poder a tan presuntos corruptos y evitar que sigan delinquiendo.
En este Diario que me acoge con generosidad, publiqué entre septiembre y octubre de 2020 cinco artículos:
https://www.expreso.com.pe/opinion/levantando-el-velo/
https://www.expreso.com.pe/opinion/acuerdo-de-colaboracion-eficaz-para-odebrecht-i/
https://www.expreso.com.pe/opinion/acuerdo-de-colaboracion-eficaz-para-odebrecht-ii/
https://www.expreso.com.pe/opinion/acuerdo-de-colaboracioneficaz-para-odebrecht-iii/
https://www.expreso.com.pe/opinion/acuerdo-de-colaboracioneficaz-para-odebrecht-iv/
El 11 de febrero de 2021 presenté la moción N.° 13810, buscando que se cree una Comisión Investigadora sobre las circunstancias y el contenido de tales acuerdos.
¡Ya se levantó el velo, falta castigar a los perpetradores!

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