Recuerda que eres mortal

No hay duda de que el poder envanece, por no decir corrompe. Si algo nos demuestra la historia, es que muchos personajes se dejan deslumbrar por las prerrogativas que les da el ejercicio de un cargo, máxime si este es de la más alta jerarquía, a nivel de un Poder del Estado, como sucedería con el Congreso de la República. Con esta mi opinión, no me refiero a la institución en sí, la cual debe quedar a salvo, sino a varios de sus integrantes.

Esa sensación de omnipotencia que parecieran experimentar algunos, de éxtasis, basada en la autonomía de sus funciones –que ya quisieran tener otros poderes públicos–, por la cual no reciben órdenes ni directivas de nadie (mandato imperativo), ni siquiera de sus propios votantes. Por sí y ante sí toman decisiones, según su conciencia, cálculo político, o sabe DIOS qué motivaciones, fina cortesía de lo que nuestra Constitución Política, en su artículo 93º, regula como “inmunidad parlamentaria”.

Estos egos desatados en el Legislativo han dado pie a un variopinto número de iniciativas legislativas, unas más cuestionadas que otras. La más reciente, y que ha logrado la uniformizada crítica de tirios y troyanos, consenso no visto desde el rechazo unánime al pretendido golpe de Estado de Pedro Castillo allá por el 2022, es el proyecto de ley del congresista Waldemar Cerrón que, en sus sueños de opio, delira con la conformación de una Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales, elevándola a Ordinaria, de existencia permanente en el cuadro anual de comisiones del Parlamento.

Nadie se atrevió a tanto, máxime si su autor y muchos de sus pares enfrentan investigaciones de naturaleza penal por parte de los operadores de justicia. Lo que no sólo al unísono han censurado las entidades directamente afectadas –el Ministerio Público, el Poder Judicial– sino también el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Lima (CAL), al transgredir el “Principio de la Separación de Poderes”, por el cual se organiza el Perú, piedra angular de toda democracia.

Y es que no hay que ser constitucionalista para darse cuenta, a la primera de cambio, de que una comisión de fiscalización de magistrados, integrada por los propios investigados, es como poner al gato de despensero: una aberración. Quizá por eso, el decano de la CAL anuncie que todos los congresistas que voten a favor de esta iniciativa serán procesados por el Consejo de Ética, por “causar daño a la profesión”, lo que lamentablemente no pasaría del anuncio, por aquello precisamente de la “inmunidad parlamentaria”, una especie de ¡Ampay, me salvo!, que hace que los congresistas no sean responsables ante ninguna entidad por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo, como sería el caso.

En el colmo de la osadía, para sustentar el proyecto, su autor hace mención a una encuesta de Datum, citando la desconfianza que supuestamente los peruanos tienen hacia la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación, del 85% y 73% respectivamente, olvidando convenientemente que el nivel de desaprobación del Congreso es apabullantemente del 94% según IEP.

Lo más seguro es que el rechazo institucional generalizado envíe directo al archivo al cuestionado proyecto, pero nos da pie para recordarle a su autor que el poder no es eterno, acabará en julio de 2026: ¡Recuerda que eres mortal!

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