Reelección de autoridades

Esta semana, la noticia estuvo en el Congreso de la República. Luego de cumplir con su semana de representación, la mesa directiva puso en agenda una cantidad de dictámenes de Proyectos de Ley, entre ellos, el que propone la ley de reforma constitucional de los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución Política del Perú, a fin de fortalecer la democracia representativa y establecer la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales. Esta iniciativa que acumuló hasta siete proyectos de bancadas distintas, fue aprobada, en primera votación, con 92 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones. Se necesitará de una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria para ser consagrada.
Era algo que alcaldes y gobernadores venían reclamando, debido a que un solo período de gestión les quedaba corto para cumplir sus compromisos con la población a la que representan como precisó a la prensa un alcalde distrital limeño. La principal razón para apoyar esta medida es la demora en la ejecución de obras y el poco tiempo que tienen las autoridades para completar sus proyectos, dijo. Con la reelección –siempre que lo decida el pueblo, que es el soberano– estas autoridades tendrían la oportunidad de continuar y ver finalizadas sus obras ofrecidas. Sin embargo, un minoritario número de bancadas mostraron su oposición, en el debate, aludiendo a que la reelección se presta para la corrupción.
¿En qué está la reforma? El texto aprobado en su artículo único establece que el gobernador regional, vicegobernador, alcaldes y regidores, pueden ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata. Además, modifica el artículo 35 de la Carta Magna en los siguientes términos: “Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos, conforme a ley. Tales partidos y alianzas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”. La norma pone fuera de juego a los movimientos regionales que se forman alrededor de un líder o caudillo local, lo cual ha provocado la inmediata reacción de algunos de ellos que anuncian movilizaciones de protesta en sus respectivas regiones.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, sostuvo al sustentar el dictamen que “la reelección permitirá reivindicar el derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades, convirtiéndose así en un incentivo para el buen gobierno, posibilitando la implementación de proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo en beneficio de la ciudadanía”. Por su parte, su colega de bancada, Patricia Juárez, autora de una de las iniciativas puntualizó que “la no reelección ha generado acciones limitativas impidiendo en muchos casos que los alcaldes no cumplan con ejecutar sus promesas electorales y los proyectos de inversión pública para cerrar las brechas del país”, temperamento que fue compartido por congresistas de otras bancadas.
Por otra parte, extrañamente permanece en la comisión de Constitución, sin poner en agenda del Pleno del Congreso, un predictamen para que los condenados por terrorismo, tráfico de drogas, violación sexual, homicidio, entre otros delitos, no puedan postular ni ejercer cargos de función pública. Y no aspirar, por cierto, a la presidencia de la República. Si el congreso no debate y aprueba, cuanto antes, dicho proyecto corremos el riesgo de que algún antisistema o sentenciado por homicidio pueda llegar a ocupar el más alto cargo de gobierno en las próximas elecciones.
En una reciente encuesta de Ipsos, el 98% de encuestados rechazaron la posibilidad de que puedan postular a la Presidencia aquellos que fueron sentenciados por asesinato. Sin embargo, la congresista Martha Moyano no se prenuncia ni da señales de celeridad para enviar al Pleno del Congreso el predictamen aprobado. Es lo extraño. Incluso, muchos miembros de su propia bancada se han pronunciado por la necesidad de debatirlo y aprobar en el pleno dicho proyecto. Es un tema delicado que requiere pronta solución, no vaya a ser que la tardanza origine que en la cédula de votación de las próximas elecciones nos encontremos con personajes siniestros que poco aportan a nuestra democracia.

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