Referéndum inconstitucional
En medio del pandemónium gubernamental e institucional que padece el país, el partido oficialista, adláteres y compañeros de viaje, no tiene peor ocurrencia que promover por calles y plazas un Referéndum Nacional a fin de que se consulte a la ciudadanía la convocatoria a una Asamblea Constituyente que apruebe directamente una nueva Constitución. Con falacias y mentiras sobre la Carta Magna vigente y sorprendiendo la buena fe del ciudadano o sobornando con dádivas como en el pasado se recurría a la cachina, la butifarra y el chicharrón , vienen captando la firma de adherentes con el demagógico cuento de que la Carta que se hará “por el pueblo y para el pueblo” será la panacea como se la vendieron a la pobre Venezuela chavista.
Lo que resulta indignante -aunque no nos sorprenda- es que la ONPE, violando el principio de legalidad, haya vendido el kit electoral para llevar a cabo esta recolección de firmas cuando el objeto de la consulta popular es flagrantemente inconstitucional y vulnera la seguridad jurídica y la estabilidad institucional. Como se enseña en primer año de Derecho, nadie puede hacer lo que la ley prohíbe o no autoriza, y en el caso concreto tanto la Constitución en vigor (artículo 31 concordado con el artículo 206) cuanto la Ley No 26300 y sus modificatorias (artículo 39) que regula el mecanismo de participación ciudadana, establecen taxativamente que la reforma total o parcial de la Carta Política del Perú debe ser aprobada por el Congreso y que el Referéndum con tal propósito sólo procede cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 206 de marras. Es lo que hoy rige y en la medida que esta legalidad constitucional no sea modificada incluyendo la vía de la Asamblea o Convención Constituyente para el cambio de la Carta -como ocurrió hace años en Colombia y hace poco en Chile- cualquier acto o iniciativa que lo contradiga es inconstitucional.
Concordando con la acertada línea de EXPRESO, la venta del kit electoral efectuada por la ONPE resulta ilegal y nula y acarrea responsabilidad administrativa y hasta penal, lo mismo que esa recolección de firmas carece de toda validez. Si el Pleno del JNE termina validando el desaguisado y convoca al aberrante Referéndum habrá incurrido en infracción constitucional y en la comisión de un delito. El NO a este esperpento de Asamblea Constituyente debe ser la consigna democrática hasta acabar con la nefasta intentona socialista castro-chavista. ¡AMÉN!
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