Reflexiones

Esta semana se han presentado una serie de hechos que merecen la reflexión de cada uno de ellos.
La decisión del Poder Judicial que dictó 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, en el marco de una investigación por presuntos delitos de cohecho, corrupción y tráfico de influencias. Este hecho ocupó gran parte de las portadas informativas durante la semana que termina. Podría decirse que la población se mantuvo expectante del desenlace que tendría.
Todo se originó cuando, hace un mes, la esposa del futbolista Edison Flores, Ana Siucho, denunció públicamente que el conductor habría intervenido para ayudar a su hermano Roberto Siucho en trámites migratorios, utilizando sus nexos con la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila. En aquella ocasión, Ana Siucho reveló, asimismo, que ‘Chibolín’ habría solicitado dinero a su hermano bajo el pretexto de “ayuda social”. Luego dijo que habría solicitado una coima de un millón de dólares para agilizar la devolución de un cargamento de oro incautado al empresario Javier Miu Lei. Aquí empezó la historia, llena de sorpresas.
A raíz de la denuncia, las autoridades activaron sus competencias e iniciaron las primeras investigaciones que condujeron luego al ex presentador de televisión a la prisión preventiva, mientras que otros implicados en el mismo proceso, como la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, recibieron comparecencia con restricciones por su presunta participación en el tráfico de influencias. El hilo de la madeja recién empieza a ser desovillado. Se trata, sin duda, de un caso mediático que traerá consigo sorprendentes novedades, por la gravedad de los hechos y la particularidad de sus protagonistas. Habrá que esperar que la justicia llegue con prontitud y corrección.
La interpelación al ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien fue convocado por el Congreso a fin de que rinda cuentas sobre la situación de seguridad por la que atraviesa nuestro país, no tuvo el corolario de la censura, de seguro por las respuestas dadas que tienen que haber satisfecho las expectativas de los congresistas. Es una verdad de Perogrullo que la ciudadanía viene siendo amenazada constantemente por las hordas de delincuentes que pululan por todo el país. Si bien se ha decretado el estado de emergencia en algunas ciudades facilitando la presencia de la fuerza armada, a ello debe sumarse un trabajo de inteligencia que identifique a los cabecillas, que obtenga información de los proveedores que ilegalmente proveen de armas a los sicarios y demás especímenes, para así cortarles toda posibilidad de acción y caerles con el peso de la ley. Salimos airosos del terrorismo, estos extorsionadores no nos van a ganar.
La Defensoría del Pueblo, que lleva adelante el concurso para cubrir las plazas de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución importante en la vida de la administración de justicia (nombra jueces, fiscales, los ratifica o puede destituirlos), ha entrado en la recta final. Lamentablemente, en el camino han declarado fundadas algunas tachas que reflejan una falta de sindéresis por parte de la comisión. En efecto, las tachas se han basado en que algunos candidatos no han cumplido con acreditar estar habilitados para el ejercicio de la abogacía por más de 25 años; pero ocurre, por ejemplo, con el Dr. Francisco Távara Córdova, quien, al haber sido juez supremo, presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, así como del Jurado Nacional de Elecciones, acaso no tiene públicamente cumplido ese requisito. Estoy seguro de que la reconsideración deberá ser declarada fundada por la realidad evidente de los cargos ocupados, trayectoria impecable que debe merecer una apreciación ponderada de los comisionados y no caer en barreras que impidan que los mejores accedan a cargos de tanta trascendencia. Veremos.

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