Reforcemos nuestro Tribunal Constitucional

La experiencia señala que, cada día con mayor razón, los ciudadanos y las entidades —privadas y/o públicas— acuden al Tribunal Constitucional para solventar conflictos de interés y/o cuestiones de naturaleza contenciosa que, únicamente, el máximo tribunal intérprete de nuestra Carta Magna está autorizado a resolver. Recordemos que, siendo el único intérprete de la Constitución, se pone por encima del poder Legislativo. Claramente, en materia constitucional, las demoras en definir los conflictos creados generan estragos en la sociedad entera que, en demasiadas ocasiones, incluso paralizan la marcha del país. De acuerdo con el informe que hoy publica EXPRESO, nuestro Tribunal Constitucional (TC) tiene pendientes de resolver 6,487 expedientes; alrededor de 1,600 más que al finalizar el año anterior. Esto grafica que la carga procesal viene acumulándose exponencialmente, perjudicando, sin lugar a dudas, la correcta marcha del país.
Al respecto, hoy ya existe un proyecto de ley, elaborado por el congresista Alejandro Muñante de las filas de Renovación Popular, que propone incrementar el número de magistrados del máximo tribunal intérprete de la Carta Magna, de siete (actualmente) a nueve miembros; lo cual agilizaría los trámites pendientes y solucionaría —aunque sea en parte— la acumulación de tantos asuntos de enorme interés para el ciudadano y para el propio Estado.
Según las estadísticas, los procesos de tutela de derecho (habeas corpus, habeas data, amparo y cumplimiento) representan el 97% de la carga procesal. Recordemos, asimismo, que el TC es el único resquicio que tiene el ciudadano para protegerse de aquellos —cada vez más preocupantes— yerros que cometen el Poder Judicial y la propia Administración Pública.
Esta iniciativa será de inmensa utilidad para la sociedad, que demanda contar —en tiempo y forma oportunos— con pesos y contrapesos, legales y constitucionales a su servicio. Por tanto, la iniciativa es no sólo oportuna, sino fundamental para brindarle una correcta aplicación de la justicia a esta sociedad desprovista de ese elemento, fundamental para toda sociedad civilizada en pleno siglo XXI.
La iniciativa resulta entonces indispensable, considerando el cambio ya efectuado en nuestra Carta, que incorpora el retorno del Senado a partir del año (electoral) 2026. Otra razón que demuestra su necesidad estriba en que, según la propuesta de Renovación Popular elaborada por el congresista Muñante, el Perú es una de las naciones cuyo Tribunal Constitucional está compuesto por menos tribunos que el resto de países.
Por cierto, siendo esta una reforma constitucional, el proyecto de ley requerirá aprobarse en dos legislaturas, lo cual demandará que la propuesta se presente a la brevedad ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, para iniciar su debate y aprobación en el término de la distancia, considerando que en el año 2026 será difícil conseguirlo debido a la dinámica pre y post electoral que lo paraliza todo.
Por último, aunque no menos importante, el Tribunal Constitucional es el ente llamado a solventar el espeluznante nivel de enfrentamiento entre poderes en el que se debate nuestra nación desde hace dos años. Una insufrible coyuntura que coloca en gravísimo riesgo la estabilidad social, económica y jurídica de nuestra nación.

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