Reforma constitucional, ¿conspiración o estupidez?
Me pregunto si el supuesto clamor callejero para una Asamblea Constituyente que reforme totalmente nuestra actual Constitución de 1993, obedece a una grita infeliz digitada por un grupo minoritario de conspiradores para quedarse en el poder indefinidamente. El congresista Bermejo dijo que ese era el objetivo de las izquierdas burlándose de las “pelotudeces democráticas”, sin percatarse que gracias a ellas él sigue con vida.
Es una lástima que un tema tan importante como la reforma constitucional haya descendido a semejante nivel de ramplonería. Hace 30 años voté en contra de la Constitución de 1993, reformada hasta la fecha no menos de 50 veces, al considerar que era el instrumento para legitimar el autogolpe del 5 de abril de 1992 perpetrado por Alberto Fujimori con la ayuda de Vladimiro Montesinos. Y así fue porque Fujimori maniobró para reelegirse en las elecciones generales de 1995, imponiéndose sobre la UPP de Javier Pérez de Cuéllar, para volver a intentarlo en las elecciones del 2000 con el fracaso y su caída que todos conocemos.
Estos avatares contribuyeron a ocultar algunas virtudes de la Constitución de 1993, que en sus primeros 54 artículos es una copia literal de la Constitución 1979 en su respeto a los derechos fundamentales de las personas y otros temas concernientes a la naturaleza del Estado peruano. Los cambios vinieron en el capítulo económico, en la abolición del Senado y en la reelección presidencial indefinida (luego prohibida) que permitió la dictadura fujimorista de los 90. Vizcarra con su pseudo reforma de la no reelección inmediata congresal agravó el cuadro para dejarnos un Congreso lleno de gente ignorante, improvisada y corrupta, al lado de otros elementos de gran valor. Hoy felizmente el Congreso es controlado por la oposición democrática y quiera Dios que así continúe, para asegurar que la democracia triunfe sobre la doble arremetida de la conspiración interna y externa.
¿Qué debemos cambiar en la Constitución de 1993? En primer lugar introducir una norma transitoria por la cual el gobierno de Dina Boluarte/Alberto Otárola Peñaranda termine el 28 de julio de 2024, lo que exige las elecciones generales a realizarse en abril de ese año. Asimismo sería conveniente restaurar el Senado con facultades distintas a la cámara baja y también abolir la no reelección inmediata de los miembros del Congreso.
Igualmente es imprescindible lograr por el medio constitucional y legal viable, que tanto Salas Arenas como Piero Corvetto salgan del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE respectivamente, para que no se repitan las irregularidades fraudulentas que ambos perpetraron en las elecciones generales del 2001. Por cierto que adelantar las elecciones generales para octubre de 2023 es incompatible con un proceso electoral auténtico y además para lograr las reformas antes señaladas. Pero si no hay consenso en esa dirección, tal vez lo más conveniente sería obtener los 87 votos necesarios para vacar a Dina Boluarte y que el actual presidente del Congreso, José Williams Zapata, asuma la jefatura del Estado a fin de convocar de inmediato a elecciones presidenciales sin Salas Arenas y Piero Corvetto. Eso también implicaría que el actual Congreso se queda hasta el 2026.
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