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Reforma para destruir el sistema político

Fecha Publicación: 01/07/2019 - 22:00
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Pese a que trabajadores y empresarios apoyados en su propia y cotidiana experiencia, así como expertos en temas económicos apoyados en índices oficiales, dan cuenta de la preocupante situación por la que atraviesa la economía nacional, el gobierno sigue empeñado en distraerse y distraer a la población con su dizque “reforma política”, que inició a mediados del 2018 y ha empujado violentando no solo el marco constitucional sino toda regla de ponderación y sentido común.

Gracias a la indebida presión del gobierno, hoy el Congreso se encuentra con legislatura ampliada hasta el 25 de julio, sólo para ver seis proyectos legislativos  de la llamada “reforma política”, con una pretendida “espada de Damócles” sobre la cabeza de los congresistas de respetar una inventada “esencia” de esos proyectos, pese a que la Constitución - artículo 93° - establece que los congresistas no están sujetos a interpelación ni a mandato imperativo.

Analizado el contenido de los proyectos legislativos, tan alejados de la realidad peruana, no me queda duda alguna que detrás de ellos y de las tácticas indebidas para presionar al Congreso buscando su aprobación tal cual su contenido, está el asesor argentino, que participa en sesiones del Consejo de Ministros y no reside aquí sino que llega cada vez que M. Vizcarra debe pechar al Poder Legislativo.

Tampoco me queda duda que el objetivo estratégico es destruir el sistema democrático peruano.

Baste señalar el intento de inundar el escenario  político con un número inmanejable de partidos políticos Hoy, con una exigencia legal de presentar 750,000 firmas de adherentes, ya hay registrados 25 partidos. Si se aprobara la propuesta vizcarriana de bajar ese requisito a 22,000 afiliados, es más que probable que el 2021 habrán por lo menos un centenar.

Peor aún, propone el gobierno  que en octubre del año anterior a las elecciones generales haya otro proceso electoral a nivel nacional, esta vez para seleccionar a los candidatos de los partidos, donde  cada partido -que puede contar con 22, 000 afiliados - deb asegurar que participen en sus elecciones internas 250,000 ciudadanos para no perder su inscripción. Sin duda, elecciones abiertas, voluntarias, caben en países donde solo hay dos partidos - como  EEUU o Inglaterra - donde los ciudadanos se reconocen de uno u otro aunque no estén afiliados y conocen relativamente a quienes activan en ellos. En un país como el Perú, con 25, 50 o 100 partidos, ¿250,000 ciudadanos, por partido, sabrán qué candidatos le conviene tener a cada uno?.

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