Reformar el sistema electoral peruano (I)
En el Diario de los Debates del Congreso Constituyente Democrático (CCD), que es parte del acervo jurídico de la Nación, constan las intervenciones que tuvieron cada uno de los ochenta congresistas constituyentes en las dieciséis comisiones ordinarias y el Pleno de ese Congreso, en el período de diciembre de 1992 a julio de 1995.
Según consta en ese Diario, el diseño del Sistema Electoral que rige en el Perú fue una propuesta de la bancada mayoritaria fujimorista perteneciente a la Alianza Nueva Mayoría-Cambio 90.
Participé en la elaboración de la propuesta y luego tuve a cargo sustentarla y puedo entonces señalar que para gestarla se analizaron tanto la legislación como las experiencias de diversos países, uno de ellos México, que tenían ya diferenciadas las tareas de administración de justicia electoral y de organización de los procesos electorales. Hasta ese momento, y luego incluso de haber sido considerada la existencia de un Poder Electoral (Constitución de 1933, artículo 88°) el entonces Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concentraba todas las actividades relacionadas: registro de ciudadanos y de organizaciones políticas, organización de los procesos electorales y de consulta popular y administración de justicia electoral.
En mi experiencia como personera legal nacional y candidata de la Alianza fujimorista en 1992, pronto pude advertir que la concentración de funciones en un solo órgano como el JNE, que incluso diseñaba las cédulas electorales y los formatos de acta electoral, además de distribuir el material electoral a nivel nacional, en no pocas ocasiones debía resolver sobre controversias generadas por su propio accionar.
La propuesta de sustituir al JNE por un Sistema Electoral, integrado por tres entes autónomos –cada uno con su propia partida presupuestal– pero coordinados entre sí, como son el mismo JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), generó desde el inicio una intensa campaña contraria al cambio, llegándose a bautizar al naciente sistema como “el monstruo de tres cabezas”. Aprobada la Constitución Política, incluso voces de contrarreforma provenían del propio JNE.
Pienso que hoy, a tres décadas de vigencia de la Constitución de 1993, es imposible pensar en la vuelta atrás, no solo porque más que opiniones o criterios debatibles existen razones objetivas para concluir que, más allá de los errores de personas determinadas que han venido asumiendo los altos cargos en el Sistema y la clara predominancia que ha logrado en él cierto sector ideológico –que yo identifico con la caviarada–, no sería en modo alguno conveniente una vuelta atrás.
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