¡Reformemos urgentemente nuestro sistema judicial!

Resulta indispensable que, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, investiguen la trayectoria de un nefasto sujeto llamado Gustavo Gorriti Ellenbogen, destructor del sistema judicial peruano basándose en su inquina y sed de venganza contra el fujimorismo. Si bien la justicia peruana nunca fue perfecta, post esa reforma impuesta por Gorriti y su camorra caviar, es un esperpento envuelto en un manto de corrupción, de prebendas e ideologización extrema. Lo que la ha transformado en un mecanismo en extremo politizado, semejante a aquellos vigentes en países totalitarios donde mandan el dinero sucio y la consigna política.
Gorriti trabajó para el diario La Prensa de Panamá como periodista de investigación, en el caso del expresidente Ernesto Pérez Balladares, acusado de recibir dinero del cártel de Cali. Pero en el año 2000, Gorriti fue destituido del directorio del diario por fuertes presiones del sindicato de periodistas, tras imputarlo de estar influenciado por el gobierno de turno, viéndose obligado a regresar al Perú.
A partir del año 2001, ya en Lima y escondido bajo el sobaco del corrupto Alejandro Toledo, Gorriti fue transformándose en figura determinante, tanto en el ámbito político como judicial, dedicándose a “capacitar” —en rigor, adoctrinar— a nuestros jueces y fiscales bajo la consigna extranjerizante impuesta por su auténtico amo: el inescrupuloso financista húngaro George Soros. Tanto en el campo político como en el judicial, Gorriti ha sido objeto de controversia por su sesgado involucramiento en investigaciones relacionadas a la corrupción, como tótem manipulador al interior del Ministerio Público por su estrecha relación con el corrupto Toledo.
Su incuestionable, sospechoso involucramiento en el órdago Odebrecht —con fiscales como Domingo Pérez y Rafael Vela— benefició a autoconfesos corruptos como José Graña Miró Quesada —por tanto, al venido a menos diario El Comercio, la caja de resonancia de Gorriti y sus alfiles Pérez/Vela—, perjudicando al Estado peruano y afectando a figuras políticas como Alan García y Keiko Fujimori. Sin la menor duda, su cercanía con aquellos fiscaletes —y otros más— le permitió consolidar a la camorra caviar que, desde entonces, mantiene una feroz influencia en el sistema judicial peruano; y, consecuentemente, en el ámbito político desde donde se definen las principales tomas de decisiones relacionadas al Estado.
El IDL ha sido financiado —y permanece siéndolo— por la ONG Open Society, propiedad de Soros, dedicada a “proyectos de capacitación de jueces y fiscales, incluyendo cursos en el extranjero” con todo pagado (asignaturas, textos, estadía, etc.); lo que ha permitido que muy agradecidos magistrados locales hoy ocupen puestos clave en el Ministerio Público y Poder Judicial, y estén absolutamente al servicio de Gorriti, incorporados a su corriente ideológica caviar, inconstitucionalmente incrustada en nuestro sistema judicial.
Esta gran familiaridad de Gorriti con la cúpula judicial peruana lo convierte en un verdadero estorbo para la JUSTICIA. Porque su objetivo no es que se imparta justicia correctamente, sino sesgadamente: a mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley. Vale decir, la ley Frankenstein fabricada para Gorriti y su clan caviar, que favorece a los suyos y encarcela a los demás.

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