Regalías para artistas: cuando el Congreso legisla sin escuchar

Hace unos días, el gremio de actores peruanos protagonizó una defensa clara y cohesionada de un derecho fundamental: el de recibir regalías por la comunicación pública de sus obras audiovisuales. Fue una respuesta legítima a un dictamen aprobado por la Comisión de Cultura del Congreso que eliminaba ese derecho, reconocido internacionalmente en el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, ratificado por el Perú en 2016.
La protesta logró su cometido: el Congreso retrocedió. El presidente de la comisión, Edgard Reymundo, ofreció disculpas y admitió que no se había previsto el impacto negativo de la norma. Sin embargo, este reconocimiento no debe quedar en lo anecdótico. Lo ocurrido expone fallas técnicas y políticas que deberían preocupar a todo ciudadano que espera un mínimo de profesionalismo y previsión en el proceso legislativo.
Desde la gestión pública, si una comisión aprueba una norma que vulnera derechos sin advertirlo, estamos ante una falla sustancial del procedimiento. Significa que los equipos técnicos que asesoran a los congresistas no cumplen adecuadamente su función. Esto es aún más grave considerando que este Congreso administra un presupuesto de unos 1,400 millones de soles —un 40 % más que el año anterior—, con gran parte destinada a personal supuestamente calificado.
En lo político, el error también es evidente: se legisló sobre un sector sin consultar ni involucrar a sus representantes, y sin el debate público mínimo que una medida de esa magnitud requiere. Esto compromete la legitimidad del proceso y erosiona la confianza ciudadana en el Parlamento como institución.
Aunque se ha dicho que todo fue un malentendido, lo cierto es que esta iniciativa forma parte de un clima creciente de desconfianza hacia el sector artístico. En los últimos años han proliferado discursos que deslegitiman a los trabajadores del arte, en especial del ámbito audiovisual, acusándolos —sin matices— de responder a intereses particulares o ajenos al bien común.
Esa generalización es injusta y desconoce la diversidad del gremio artístico en el país. El arte en el Perú no responde a una sola mirada ni sensibilidad: su diversidad es su mayor fortaleza. En vez de fortalecer una industria cultural sólida, se cuestiona su valor. Incluso se exige que el cine nacional “rinda cuentas” con criterios meramente comerciales, como si la taquilla fuese la única medida de su valor.
Esto ignora que la cultura también es identidad, expresión y desarrollo. Países como EE. UU., Corea del Sur, Francia o India impulsan sus industrias culturales, pagan regalías y subsidian producciones. Lo hacen porque entienden que la cultura es una inversión en ciudadanía y cohesión.
En el caso de las regalías, ni siquiera se habla de fondos públicos. Son pagos que hacen empresas que difunden obras audiovisuales. Interferir en eso no tiene justificación presupuestal y debilita una industria en desarrollo. Lo sucedido debe servir de advertencia. A veces, el daño no proviene de la mala intención, sino de la negligencia. Pero el daño es el mismo.

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