¡Remuevan a toda la JNJ!

La periodista Milagros Leiva presentó un video que hunde al ex Fiscal de la Nación –todavía Fiscal Supremo– Pablo Sanchez, dando vetadas instrucciones para suspender una diligencia realizada en 2018. Gorriti aparece grabado en otro video, llamando y conversando telefónicamente con Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, pidiéndole la inmediata suspensión de la diligencia donde participaba como encargado de la misma el Fiscal Rodrigo Albaro Rurush. “Doctor por disposición de la Fiscalía provincial, estamos llevando a cabo la diligencia de exhibición de documentos y posible incautación, de ser el caso. Sin perjuicio de ello (siguiendo sus ordenes) estamos suspendiendo la diligencia, doctor (…) Claro doctor, aun así, en cumplimiento de lo establecido estamos suspendiendo la diligencia, doctor”.

En el video se registra el ingreso del cuestionado periodista Gustavo Gorriti a esa oficina de IDL, reclamando con voz matonesca: “Bueno, ¿qué pasa? ¿Es un Estado policial o qué cosa?”. Su abogado, Carlos Rivera, le manifestó: “Gustavo, es una diligencia del Ministerio Público que está cumpliendo con sus atribuciones. Me parece que lo correcto es, creo, que después podamos hablar con los amigos de la prensa. (…) No nos están obligando a nada, Gustavo. De verdad”.

El video reafirma que Gorriti llamó al Fiscal Rurush, diciéndole: “Conversé con el fiscal de la Nación, y me indicó que eso era algo inaceptable (la diligencia), que ha sido sorprendido y que iba a tomar inmediatamente cartas en el asunto. Hemos hablado con otros fiscales –se ufanaba Gorriti– que también están en el caso y me han dicho que la diligencia es básicamente ilegal. Entonces, debo manifestarle al fiscal (Rurush), que he hablado con varios colegas suyos con más rango que usted, y les ha parecido extremadamente sospechosa la forma en que se ha hecho esto. Y cuando he hablado con el Fiscal de la Nación él ha saltado”, espetó Gorriti.

¿Qué hará la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ante semejante escándalo? Comencemos porque la JNJ ha perdido toda la confianza de la opinión pública para supervisar a jueces del poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, Defensor del Pueblo, entre otros altos cargos que debieran velar por su cumplimiento. Lamentablemente el Congreso debate, hace demasiado tiempo, remover a TODOS los directivos de la JNJ, imputados por asumir una función que compete únicamente al Tribunal Constitucional, incumplida por los miembros de su directiva respaldando la antojadiza interpretación de Ines Ñecco, una de sus pares, al cumplir 75 años de edad. Lo hizo quebrantado el artículo constitucional que dispone que sus directivos solo permanecen en el cargo hasta cumplir 75 años de edad. Tello supera esa edad, pero se aferra al cargo respaldada por los demás miembros de la JNJ que, solidaria e inconstitucionalmente, asumieron el rol que, exclusiva/excluyentemente, le compete al Tribunal Constitucional.

La JNJ “fiscaliza” nuestro sistema de Justicia, imponiéndonos consignas dictadas por la progresía caviar, exógena al Estado. Cuando el Congreso reinicie su función en marzo, debe remover a TODOS los miembros de la JNJ sustituyéndolos por gente proba, que nos garantice una Justicia impecable.

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