Repudiable Castillo

Ni en los más irreverentes ejercicios de imaginación sobre los peores escenarios que pudieran darse en la vida política de nuestro país, podría alguien haber esbozado uno peor o más nocivo que el que hoy agrede al Perú y del que es responsable Pedro Castillo Terrones, quien terminó encaramado en el cargo de presidente de la República y con enorme poder como jefe de Estado y jefe de gobierno y consecuente posibilidad de decidir sobre todo el aparato estatal, salvo el Congreso de la República, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y los gobiernos regionales y locales.

Conforme van pasando los días y acumulándose una cadena interminable de indicios y pruebas de corrupción desembozada y de copamiento también impúdico de los cargos públicos no solo con personas con falta de idoneidad y experiencia sino vinculadas a delitos y organizaciones delictivas, se demuestra que no se trató de un resultado más allá de las expectativas, como quiere presentarlo el dueño del partido del lápiz, sino de la captura del poder con base en un plan definido que contó con la participación de personajes distribuidos no solo en el aparato estatal, sobre todo el relacionado con el proceso electoral mismo, sino en la prensa, los gremios y hasta los partidos políticos.

No en vano lograron, de inicio, que la autoridad electoral mantuviera, contra el texto expreso de la ley orgánica de elecciones -artículos 107 b) y 113 b)-, la candidatura a la primera vicepresidencia de D. Boluarte, funcionaria del Reniec que para postular debía haber renunciado al cargo seis meses antes. Sólo la excluyeron de la lista de candidatos al Congreso, todo ello para que no se cayera la plancha presidencial que ya había perdido al postulante a la segunda vicepresidencia, V. Cerrón, por tratarse de un condenado por corrupción.

Las recientes declaraciones de una aspirante a colaboradora eficaz, captada hace meses en visitas a Palacio de Gobierno y al pasaje Sarratea de Breña y con consecuencias en millonarios contratos para sus representados, no son novedad ni un hecho aislado sino un elemento más dentro de un conjunto de graves faltas de transparencia, licitud y eficiencia en el manejo de la cosa pública, que incluso provienen no solo del entorno más inmediato, familiar y funcional, de P. Castillo, sino de él mismo y de sus múltiples desplantes, inconsistencia y faltas a la verdad, las que han trascendido el ámbito nacional, para vergüenza de los peruanos.

Se trata de un repudiable castillo o andamiaje, que debe ser prontamente demolido por decadente e insalubre.

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