Rescatemos a la justicia de la garra caviar
Como todos sabemos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), creada bajo el régimen de Martín Vizcarra, fue concebida con el disfraz de convertirse en una entidad independiente, destinada a garantizar la integridad y el correcto funcionamiento del sistema judicial. Rápidamente se quitó la careta para convertirse en un ente destinado a proteger los intereses políticos de su creador y no la justicia, garantizando la impunidad del impresentable y sus secuaces. En contraste, la propuesta de ley de la Academia de la Magistratura, impulsada por la congresista Gladys Echaíz, es una alternativa sólida y meritocrática para fortalecer nuestro sistema judicial y fiscal.
La JNJ ha actuado como herramienta política y no como órgano de justicia imparcial. Bajo la influencia de Vizcarra, y gracias al poder omnímodo de la ONG caviar que manipula Poder Judicial y Ministerio Público, la JNJ ha tomado decisiones orientadas a proteger a sus aliados y a sí misma, mientras persigue a sus adversarios políticos. Esta manipulación ha socavado gravemente la confianza pública en la institucionalidad y ha revelado la intención oculta de la mafia caviar para controlar el sistema de justicia y perpetuar la impunidad de los actos de corrupción de sus amigos y aliados.
Como ya hemos señalado en repetidas oportunidades, es indispensable arrancar de raíz la costra purulenta que esconde la putrefacción que nos agobia. En este contexto, la propuesta de ley de la Academia de la Magistratura, presentada por la congresista Gladys Echaíz, surge como una esperanza renovada para el sistema judicial peruano.
La iniciativa legislativa propone una selección y formación de los aspirantes, basado en criterios objetivos y transparentes. Este enfoque meritocrático es fundamental para garantizar que los magistrados estén realmente capacitados para impartir justicia de manera imparcial y efectiva. Al establecer estándares elevados y un sistema de evaluación constante, este proyecto tiene el potencial de mejorar la calidad e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, como se comprueba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Banco Central de Reserva.
La implementación de esta ley, fortalecería la confianza del público en el sistema judicial. Saber que jueces y fiscales han sido seleccionados y capacitados mediante un proceso riguroso y justo, libre de influencias políticas, restauraría la fe en la justicia peruana. Esto es esencial no solo para arrancar la costra que nos cubre y arruina cualquier esperanza de lucha contra la corrupción, sino también para la consolidación de un Estado de derecho sólido y respetado por todos.
La experiencia con la JNJ demuestra que las reformas superficiales y mal intencionadas son fácilmente subvertidas por intereses políticos o de otro tipo. La solución radica en una reforma estructural y sistémica que priorice la meritocracia y la capacitación continua.
No debemos aceptar que la gobernabilidad del país se vea gravemente afectada. En un entorno donde el estado de derecho se ve comprometido, la implementación de políticas públicas y la administración del gobierno se vuelven ineficaces. Los ciudadanos pierden la fe en sus líderes y la esperanza en el sistema, lo que puede llevar a un aumento de la desobediencia civil, protestas y conflictos sociales. Además, la percepción de inestabilidad y corrupción, sin lugar a dudas, desalienta la inversión extranjera y daña la economía, situación que afecta a los más pobres.
En conclusión, es imperativo que se revisen y reformen las instituciones creadas con pretextos políticos que solo sirven para perpetuar la impunidad. El proyecto de ley de la Academia de la Magistratura presentado por la legisladora Gladys Echaíz es una esperanza de pasos firmes y decididos hacia un sistema judicial meritocrático, capaz de impartir justicia con integridad y eficacia. Es momento de apoyar esta iniciativa y trabajar juntos por un Perú más justo.
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