Respeto al Estado de Derecho

Nos guste o no, la presidente Dina Boluarte tiene que entregar el mando constitucional tras las Elecciones Generales del 2026 de acuerdo a la constitucionalidad que tiene que imperar, como necesidad imperativa jurídica. La presidente afirmó recientemente que hay “grupos anarquistas” que quieren quebrar el Estado de derecho y aprovecharse de la crisis de seguridad para pedir su renuncia al cargo; agregando: “No voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú, para todos los compatriotas”.
Es verdad que el aumento de la inseguridad se está desbordando, pero también hay mucha responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial, como sentenció Boluarte: “Ponemos a disposición de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial a estos delincuentes, pero el mismo día o al día siguiente los vuelven a soltar, y salen más empoderados”.
La popularidad de Boluarte desde que llegó a Palacio de Gobierno está por los suelos. Según las encuestas, apenas llega al 8% y con un rechazo abrumador del 92%, y sus ministros corren la misma suerte. Una cosa es ser ministro de Estado y otra muy diferente utilizar el fajín ministerial como un lacayo.
Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas necesitan un marco jurídico que les permita actuar frente a la situación de violencia que se vive (¿Acaso no lo tienen?). Fue al comentar la decisión del pleno del Congreso de la República, que aprobó en primera votación el texto sustitutorio del dictamen que propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de criminalidad sistemática. Recordó que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a fin de incorporar la figura de terrorismo urbano en el Código Penal, término que no fue considerado en la decisión de la representación nacional.
Para ponerle más fuego a la hoguera, Adrianzén sostuvo que el dictamen aprobado será objeto de revisión y análisis por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque, más allá de las nomenclaturas, las fuerzas de orden necesitan un marco jurídico para enfrentar la criminalidad, agregando fantasiosamente que los esfuerzos desarrollados en la lucha contra la inseguridad ciudadana están dando resultados, pero admitió que aún son insuficientes.
Hay que recordarle al jefe de la PCM lo preceptuado en el artículo 166 de nuestra Constitución Política: “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”; y el artículo 165: “Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución”.
Finalmente, solo nos queda como sociedad civil garantizar el pleno Estado de Derecho. Desquiciados izquierdistas no pueden desestabilizar más el gobierno. Lo vivimos con Sagasti y luego con Castillo, y las consecuencias han sido más que terribles. Quien asuma el mando constitucional tiene que reconstruir el Perú, si realmente ama su patria.

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