Responsabilidad institucional

La responsabilidad es un valor y una práctica ética; es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de lo que debe hacer y de lo que hace. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Es responsable una persona puntual en su trabajo, que lleva a cabo las tareas y objetivos asignados de la mejor manera posible y los ejecuta en el tiempo establecido para su labor.
La responsabilidad genera confianza porque se cumple el compromiso que se asume con los demás y con las instituciones. Las hay a nivel individual y al empresarial o institucional donde la persona presta sus servicios personales bajo las condiciones de subordinación y dependencia de quien lo emplea a cambio de una remuneración. En un trabajo el servidor y el empleador asumen responsabilidad frente al usuario y/o el cliente. Por ende, la irresponsabilidad del servidor genera la responsabilidad de la entidad donde presta sus servicios personales. El cliente y/o el usuario reclama por la deficiencia de la acción (labor) defectuosa o no cumplida en tiempo expresamente señalado. La empresa y/o la institución responden por el trabajo y/o acción defectuosa o tardía hechos por su subalterno dependiente.
En el caso de servicios públicos, funcionarios y trabajadores están al servicio de la Nación. Lo establece el artículo 39° de la Constitución. Por ende los administradores de justicia en el Poder Judicial son servidores públicos y aunque tengan exclusividad e independencia asumen responsabilidad personal y la generan a la institución donde prestan servicios al Estado, o sea a ese Poder del Estado.
Como quiera que el Poder Judicial, según el artículo 138° de la Constitución, administra la justicia en el país, debe administrarla cumpliendo los plazos procesales que señalan las normas legales pertinentes. El hecho de que los magistrados que dependen de él, no cumplan con tal obligación, genera la responsabilidad de ese poder estatal y en sus representantes legales.
Podría significarse que las más altas autoridades legales del Poder Judicial tienen la potestad legal y moral para obligar que los magistrados que dependen y le están subordinados, procesen las causas judiciales a su cargo dentro de los plazos procesales vigentes para cada materia. Es una responsabilidad personal de cada magistrado y también lo es del Poder Judicial.
Si cumplen sus responsabilidades, la sociedad los aprobará.

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