¡Retornemos a la bicameralidad!

El Congreso de la Nación refleja la personificación directa del ciudadano. Muy superior al rango de delegación popular que tiene la presidencia de la República, pues expresa la voluntad directa de cada región del país. Y asimismo, su voto es corporativo; lo cual le concede a sus acuerdos una condición de mucho mayor solidez, dándole a las leyes que promulga un carácter más identificado a la voluntad popular. Por ello se le conoce como el Primer Poder del Estado. El Congreso peruano fue convocado por San Martín el 27 de diciembre de 1821 e instalado el 28 de julio de 1822. Contaba con un Senado Nacional y una Cámara de Diputados. Fujimori lo redujo de dos a solo una cámara, alegando factores presupuestales. Desde entonces -1992- nuestro poder Legislativo ha estado perdiendo progresiva, dramáticamente la representatividad y el respaldo del pueblo. Y algo tanto o más grave. Ha venido degradándose la calidad y capacidad de los congresistas (ya no diputados y senadores, como solían ser) que lo integran. Hoy cualquier títere con cabeza lleva el título de congresista de la República, ¿Resultado? Cada elección parlamentaria ha venido resquebrajando su idoneidad. Al extremo que ahora, salvo muy pocas –aunque destacables– excepciones, el Congreso no alcanza la talla que demanda una sociedad moderna y exitosa como a la que aspira el Perú, para que pueda conducir un poder Legislativo capaz de producir buenas leyes y, de la misma manera, fiscalizar inteligentemente al Ejecutivo.

Consecuentemente el Congreso ha venido autodestruyéndose, gracias a la colosal medianía de sus legisladores. Al extremo que, a través de acciones de amparo, el poder Judicial y/o el Tribunal Constitucional impiden su funcionamiento violentando su condición de poder autónomo del Estado. Como aquella interpuesta por el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo para evitar que el Parlamento nombre un nuevo Defensor; u otra “alerta” –lanzada por los burócratas de Sunedu– para prohibir que el Legislativo promulgue una norma para modificar sus funciones. El Congreso debe responder que, constitucionalmente, es el poder exclusivo del Estado encargado de legislar; salvo que delegue facultades al Ejecutivo.

El proto corrupto y miserable Vizcarra clausuró el Congreso en 30/09/19 para: 1) evitar que elija a los miembros del Tribunal Constitucional; y 2) anular el proyecto de ley, ya aprobado por el Legislativo (faltaba ser promulgado), para retornar a la bicameralidad. Pero además, el expresidente sacavueltero y culpable de 200,000 muertes por desatender la pandemia Covid, convocó a un referéndum con el apoyo incondicional de la prensa corrompida –El Comercio, La República, RPP, canales 2, 4, 5, 7, 8, 9– para consagrar su golpe de Estado, y para imponernos una “reforma política” que, entre muchas trampas, borraba del mapa la bicameralidad. Por fortuna, esta última iniciativa ha sido puesta en debate por la actual Comisión de Constitución parlamentaria. ¡Si prospera su aprobación por el Pleno, el Congreso retomará su prestancia, y el Senado –conformado por personas con edad y méritos adecuados– volvería a ser la instancia reflexiva que revise las decisiones políticas de la cámara de Diputados.

¡Esperamos que triunfe esta iniciativa!

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