Román Pérez amenazado por las rondas
Las rondas campesinas del presente no son ni la sombra de lo que eran antes. Están desprestigiándose aceleradamente, caen en la barbarie y cometen excesos al violar los derechos fundamentales de quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Una cosa es aprehender abigeos y otra muy distinta secuestrar periodistas o incluso vejar a sus propios paisanos por asuntos de incumbencia policial o fiscal.
Pero la prepotencia no solo viene de Chadín (Cajamarca), sino de otros distritos como los de Amazonas, donde el campesino Román Pérez y su esposa sufren el abuso de las rondas cercanas a la catarata Gocta. Lamentablemente, el infierno es grande en pueblo chico cuando anidan los intereses de la ronda junto a acciones y omisiones de policías, jueces o fiscales en las zonas más alejadas del país y el delito campea creando un Estado dentro de otro Estado, sin que los altos magistrados de la República hagan algo.
Pero la presidenta del Poder Judicial, la fiscal de la Nación y el director general de la PNP no pueden dejar de cumplir sus funciones a la hora de liderar y dar el ejemplo en materia de gestión pública, debiendo adoptar medidas no solo respecto del secuestro a los periodistas de América Televisión sino también con relación a la persecución al agricultor Román Pérez, a quien un cogollo de personajes empapeló con denuncias falsas, y eso “la ronda” lo sabe, dejando en el desamparo a la esposa e hijo (menor de edad) del mencionado hombre del campo, simplemente porque es un obstáculo para los intereses de malos dirigentes ronderiles.
¿No es tiempo de que se realice, en Cajamarca, Amazonas y donde corresponda, una seria investigación acerca de los casos de abuso contra peruanos inocentes como Román, que lleva años invisibilizado, a diferencia de lo que ocurrió con los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo? Tanto el distrito de Chadín como el de San Pablo Valera merecen igual atención por parte de los órganos de control del Poder Judicial, la Fiscalía, el alto mando de la PNP, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.
¿O no lo quieren hacer porque hay vínculos entre la ronda con ex autoridades y funcionarios en ejercicio? ¿Hay alguna ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos que se ocupe de este tipo de casos de persecución como el de San Pablo Valera?
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