Sacando clavos con serrucho
Coincido con Mario Vargas Llosa y otros –no juristas en su mayoría– que opinan en que no debe torpedearse la labor de jueces y periodistas en busca de la justicia. Es más, creo que es el deber apoyarlos, más aun cuando, como es mi caso, hay quienes tienen una formación jurídica internacionalmente reconocida.
Cabe recordar que los procedimientos penales en el Perú se desarrollan con base en normas y preceptos que están contenidos en un código de procedimientos. Este, hace unos años, fue reformado con la cooperación de expertos alemanes, incorporándose instituciones y métodos aceptados generalmente en Europa.
Personal y profesionalmente he impulsado y valorado la cooperación alemana. Lo que no se previó entonces, es que –a diferencia de Alemania– en el Perú los funcionarios judiciales son abogados. En cambio, en Alemania son juristas. ¿Dónde radica la diferencia? Ésta resulta obvia en resultados: En el Perú tenemos a todos los expresidentes electos afectados a causas diversas. En Alemania, ninguno. Y eso no se debe a que los peruanos nos equivoquemos en elegir a nuestros gobernantes, ni a la formación cívica de las personas en nuestro país. Al fin, Fujimori fue educado como japonés y PPK formado como germano.
Lo sustancial está en que el jurista, a diferencia del abogado, privilegia los principios generales del Derecho. Es así como en Alemania donde partidos políticos (el AfD) han recibido contribuciones ilegales, y solo se les sanciona con una multa pecuniaria. Se sigue una lógica jurídica: la de la proporcionalidad
He hecho avanzados estudios jurídicos en Alemania y Suiza, lo que me permite sustentar que en el Perú se abusa de la detención preventiva bajo el supuesto de evitar la fuga.
La privación de libertad tiene en primer lugar el fin de proteger a la sociedad del peligro de ser perjudicada. Esto no se da en el Perú porque ninguno de los expresidentes encausados está en la capacidad de seguir actuado en detrimento de otro. Con la llamada “prisión preventiva” tampoco se respeta el principio universalmente aceptado de la presunción de inocencia. Uno es inocente, a no ser que se le pruebe lo contrario.
Además la prisión preventiva resulta en sí una especie de confesión de un magistrado de la incapacidad del sistema que él mismo administra, en el que tiene que asegurarse el tiempo de 36 meses para seguir un proceso de reo en cárcel. Un juicio en el que si existieran pruebas suficientes no debería tomar más de un mes. Y si es inocente, hay reparación. ¿Quién la paga?
Hay que tener en cuenta que la administración de justicia va a la par de lo que se conoce como un Estado de Derecho. Y este tema se evalúa internacionalmente. Está en la noticia de varios países que peruanos viajan por distintos países para encontrarse con delincuentes extranjeros que podrán, con sus declaraciones, perjudicar a otro peruano. Como también resulta extraño para un observador extranjero que los supuestos ilícitos que recién se descubren, datan de mucho tiempo atrás.
A los peruanos nos debe interesar fundamentalmente la efectividad en los resultados. El fin de un sistema judicial no es meter a una persona en la cárcel. Eso no puede presentarse como resultado. En el Perú ya tenemos a más de la mitad de recluidos sin sentencia.
La justicia debe ser más que sancionadora, reparadora. Y ahí la prensa y la ciudadanía puede pedir cuentas: ¿cuánto hemos recuperado de lo que supuestamente ha sido materia de manejo ilícito, como se resarció el daño?
Si no presentamos avances satisfactorios en esta materia, no nos extrañemos que países como Suiza, España o los Estados Unidos no resuelvan pedidos de extradición
El apoyo efectivo al sistema de justicia no se da con críticas ni entusiastas opiniones sino con información e ideas que deben ser fundamentadas con la experiencia, como lo venía haciendo un sector importante de la prensa, más aun tratándose de en una materia compleja y delicada en que se involucra el prestigio de peruanos y del país mismo.
Apoyemos una reforma que no solo sea un cambio de formas.
