¡Sagasti debe ser inhabilitado!

Durante brevísimo plazo, Francisco Sagasti gozó injustamente de la presidencia de la República. Pero se dio maña para anular la extraordinaria ley que convirtió al Perú en uno de los principales fruticultores del planeta. Sagasti presidió el gobierno tras la revuelta de los caviares, luego que el Congreso decidió desaforar al entonces presidente Martín Vizcarra, quien acababa de suceder en el cargo al vacado Pedro Pablo Kuczynski. Como Vizcarra no tuvo vicepresidente, siguiendo la Constitución el Parlamento designó jefe de Estado al presidente del Legislativo, por entonces Manuel Merino de Lama. Sin embargo, esa solución no gustó a la camorra caviar, que procuraba erigirse en fuerza decisiva para reemplazar a Vizcarra. En rigor, lo que pretendieron los caviares fue designar mandatario a uno de los suyos. Y Merino no encajaba en esa ecuación, porque era un correcto congresista de las filas de Acción Popular. Entonces, en lugar de cumplir con la Constitución y asumir sus responsabilidades parlamentarias en forma constitucional, los caviares se dedicaron a conspirar contra el Estado de derecho y a sembrar el caos en Lima. Buscaban la renuncia de Merino vía una asonada con ribetes de atentado terrorista. En realidad, siguieron el manual golpista de producir el muertito, para luego desatar el caos que antecede a la solución procurada por quienes iniciaron aquel problema; es decir, los caviares. Pero la presea caviar no sería uno, sino dos muertos: Inti y Bryan; y destruir parte del centro histórico limeño. Finalmente Merino, hombre sin personalidad ni ambición, renunció en medio de un –incendiado por los caviares– motín sociopolítico, aplacado muy extrañamente al día siguiente que el Congreso designara presidente a Sagasti, sujeto dotado de la clásica hipocresía caviar. Consecuentemente, Sagasti no dudó en colaborar de manera ilegítima con Pedro Castillo, a quien recibiera en palacio días antes de asumir la presidencia. Como era de esperarse de todo caviar, Sagasti se prestó al juego tramposo de Castillo, quien le “pidió” emitir un Decreto Supremo que “modifique” los requisitos para contratar al secretario general de la Presidencia; en vista de que Bruno Pacheco –a quien necesitaba nombrar Castillo– carecía de los requisitos tradicionales/necesarios para ejercer un cargo de ese nivel. Sagasti lo autorizó en un santiamén, sabiendo que así ganaba el cielo con el golpista Castillo. Felizmente, el martes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado el informe final, que recomienda inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública al expresidente interino Francisco Sagasti y a sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice. A todos se les imputan los delitos de abuso de autoridad e infringir la Constitución. También les culpa de violar la Constitución, por pasar al retiro a sendos policías previamente calificados para ascender al grado de General. ¿El objetivo? Designar a dedo al Director General de la Policía. Según el congresista Jorge Montoya, Sagasti y los citados ministros “dispusieron arbitraria y abusivamente” el pase al retiro de tres tenientes generales, y dieciséis generales de la Policía Nacional causándole ello “muy graves efectos” a la institución policial.

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