Salas Arenas: a la reja
Seríamos una nación de descastados si permitimos que continúe encaramado al Jurado Nacional de Elecciones quien manipuló, impunemente, los comicios de abril 2021 que tramposamente le facilitaron el triunfo al comunismo, encarnado por una plancha presidencial incompleta, antirreglamentaria e ilegítima, donde no hubo primer vicepresidente y, asimismo, fue inscrita en forma dudosa, puesto que quien postulaba a la segunda vicepresidencia era funcionaria que trabajaba nada menos que para el Reniec. El epílogo fueron centenares de miles de actas observadas por veedores de diversos grupos políticos, convertidas en queja ante el tal Salas Arenas por una delegación de acrisolados ciudadanos liderados por Lourdes Flores Nano, requiriendo que solvente semejante problema confrontando las firmas cuestionadas con el padrón del Reniec. Sin embargo, Salas Arenas se opuso al requerimiento, sin expresión de causa, atentando contra la voluntad ciudadana y validando el espurio triunfo electoral al impresentable, golpista, ágrafo, corrupto Pedro Castillo. Está en nuestras manos persuadir al Congreso para que cumpla su rol como escrutador de funcionarios del Estado como el tal Salas Arenas, que infringen sus obligaciones y merecen el castigo que determinen la Constitución y las leyes.
Afortunadamente el Legislativo ha venido avanzando, aunque lento, en la puesta en debate del controvertido desempeño de Salas Arenas como jefe del JNE. Tanto que la comisión de Constitución ya tiene aprobado un dictamen que autoriza someter a antejuicio y juicio a los titulares del JNE, la ONPE y Reniec. Respecto a Salas Arenas, denunciado constitucionalmente por negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y por afectar la imparcialidad de los procesos electorales; como hizo en el año 2021. Asimismo, existe otro dictamen para que los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean incorporados a sendas acusaciones constitucionales.
Por otro lado, el Parlamento aprobó un dictamen que, como informara EXPRESO, “recoge seis proyectos de ley y la exhortación del Tribunal Constitucional, a través de dos sentencias, para incluir a los titulares del sistema electoral en el artículo 99; estableciendo que Jorge Salas Arenas sí es sujeto pasible de antejuicio político por ser miembro y representante de la Corte Suprema Iniciativa que precisamente nació de los justos cuestionamientos al presidente del JNJ, Salas Arenas, por inscripción irregular del partido político del etnocacerista Antauro Humala y por estar inmerso en el caso Cuellos Blancos del Puerto”.
Estas iniciativas pasarán al pleno Legislativo para ser debatidas y casi seguramente, aprobadas en dos legislaturas con 87 votos mínimo. Caso contrario, serán aprobadas por mayoría simple con posterior ratificación vía un referéndum. Según el JNE, ambas iniciativas son inviables “porque atentan contra la autonomía de organismos como el JNE”, lo que resulta pueril, pues el Congreso es el cenáculo de donde surgen y donde se aprueban las leyes de la República.
En este extravagante, desigual enfrentamiento –el Congreso es un poder del Estado, mientras el Jurado Nacional de Elecciones no lo es– este último (concretamente el comunista Salas Arenas) tiene todas las de perder.
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