Salirnos de la jurisdicción de la Corte-IDH

El abogado constitucionalista Lucas Ghersi advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se ha convertido en mesa de partes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de tal forma que, apunta el jurista, el 95% de sentencias son en contra de los estados.

Es por eso que la demanda planteada por el miserable terrorista Víctor Polay Campos contra el Perú, la cual fue admitida por la CIDH, podría tranquilamente concluir en un resarcimiento económico a su favor. Incluso, Ghersi no descarta que la Corte-IDH ordene el cierre de la prisión de la Base Naval, dado que el cabecilla del MRTA se ha quejado de abusos carcelarios que ha sufrido ahí.

Esto ya es el acabose, porque ya la Corte-IDH antes interfirió en nuestra soberanía al ordenar que se revierta el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, cuando se trata de una gracia presidencial que no debería ser revocada de ninguna forma.

Volviendo al caso de Polay Campos, es inaceptable que la CIDH haya aceptado todas sus infamias, abriendo las puertas a que otros terroristas hagan lo mismo y denuncien al Estado peruano para salir con algo de dinero de la cárcel. Esto no hubiera sucedido si es que no estuviéramos bajo la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la Constitución de 1993 castiga con pena de muerte a los terroristas.

Lo contradictorio de todo esto es que Víctor Polay Campos, alias ‘Camarada Rolando’, aduce haber sido víctima de maltratos durante su carcelería, cuando él mantuvo secuestrados a empresarios en las llamadas “cárceles del pueblo”, que eran unos huecos inmundos en donde los terroristas del MRTA torturaban a los hombres de negocios, quienes perecerían, en muchos casos, por inanición.

Ante lo ocurrido y, en vista de que el clamor popular es la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Perú debería salirse de la jurisdicción de la Corte-IDH (Estados Unidos y Canadá no son parte de ella). Así, podríamos, por ejemplo, hacer que los delincuentes trabajen a cambio de comida en las cárceles o establecer la pena de muerte para los violadores de niños.

Esto se tendría que hacer a través de la Cancillería y no por la vía congresal, como creen algunos. La pelota está en cancha del Ejecutivo, pero, lamentablemente, el premier Alberto Otárola ha declarado que el Gobierno de Dina Boluarte es respetuoso de los tratados internacionales. De todas formas, no podemos seguir permitiendo que este sistema zurdo internacional nos siga escupiendo en el rostro.

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