Se le vino la noche
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, se pronunció por la prisión preventiva de 18 meses, contra el ex presidente Pedro Castillo, y por la comparecencia con restricciones contra el asesor y ex presidente de la PCM, Aníbal Torres, luego que la Fiscalía formalizara la investigación preparatoria por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad púbica, ante el fallido golpe de Estado.
Así se da paso a un nuevo capítulo en las muchas denuncias abiertas contra el exmandatario por la Fiscal de la Nación, todas ellas, salvo esta reciente, por supuestos actos de corrupción.
Existe una última carpeta que se le ha abierto, corresponde, precisamente, a la octava investigación contra Castillo, por la recepción de presuntas coimas entregadas por la empresaria Sada Goray. La fiscal de la Nación imputa al expresidente el delito de cohecho. También fueron incluidos, esta vez, los exministros Félix Chero y Geiner Alvarado. Según admitió el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, Salatiel Marrufo y actual colaborador eficaz, él recibió un soborno de la empresaria Goray de cinco millones y medio de soles, parte del cual habría sido entregado al exmandatario, en Palacio de gobierno, por el ex titular de Vivienda, Geiner Alvarado.
El expresidente Castillo carga en su contra acusaciones de corrupción muy fuertes que no le permitieron dedicarse a gobernar el país, sino sólo a defenderse para evitar que el peso de la justicia caiga contra él, optando por gatillar el fallido disparo inconstitucional para cerrar el congreso y echar mano contra los organismos de justicia, en el golpe de estado que lo llevó a la cárcel, desde donde deberá responder por todos los supuestos delitos que obran en su contra. Lo trágico de todo esto, sin embargo, es que la irresponsable actitud del exmandatario desencadenó una ola de actos delincuenciales bajo el manto de protesta social, que ya la presidenta Dina Boluarte ha sabido precisar, luego de una rápida y saludable rectificación respecto de su inicial posición frente a la violencia que todos vimos en algunas ciudades del país.
En la ceremonia de clausura del año académico 2022 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, la presidente dijo que “pese a los últimos acontecimientos, donde violentistas disfrazados de manifestantes han intentado poner en peligro nuestro país, les digo que, como madre y primera mujer presidenta de la República, reafirmo mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país”, para luego advertir, con energía, que “ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un Gobierno legal y legítimo, no hay espacio para el miedo, sino para la valentía, la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos”.
Esos elementos radicales, fueron quienes causaron terror en la población, rompiendo las lunas de organismos públicos como la fiscalía y el Poder Judicial, llegando a incendiar algunos de sus locales, provocando saqueos y destrozos en empresas privadas, bloqueos en puntos neurálgicos en las principales vías nacionales, con la finalidad de cercar las ciudades y cuyas consecuencias ya empiezan a sentirse en el costo de vida y el normal abastecimiento de productos de primera necesidad. Y lo más sensible y lamentable, con casi una decena de muertes a consecuencia de esa violencia insana desatada por quienes buscan la destrucción del sistema democrático en el país. En vista de ello, el gobierno reaccionó declarando el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, disponiendo que la policía sea quien enfrente la situación según sus protocolos, con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, decisión muy esperada y que era reclamada por la población.
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