Se requiere urgente reacción…

El crimen nos está desbordando con atentados que muestran un hilo conductor y un propósito perfectamente visible a estas alturas. Todo comenzó cuando llegaron los bandoleros venezolanos y colombianos vinculados a organizaciones criminales de alcance internacional con un actuar feroz y sin tener piedad de nadie. Los delincuentes nacionales parecían niños de teta comparados con esas hordas que llegaban del extranjero a parcelar las ciudades para imponer sus ilegales negocios, eliminando a cualquiera que les opusiera resistencia. Consolidado su poder territorial y la imposición de sus operaciones ilegales, comenzaron a cobrar cupos a todo lo que representaba una actividad económica, sin distinción de niveles, ni en bonanza ni en pobreza; lo mismo valía el cupo para el carretillero como para el bodeguero, dando la impresión de que la intención era eliminar todo emprendimiento y empobrecer a la población cautiva en los territorios controlados por los mafiosos, que a punta de pistola sometían a la gente a sus designios, con muertes, primero como ajustes de cuentas y luego por incumplir o negarse a pagar los cupos. Progresivamente fueron aplicando cupos a empresas más grandes, industriales y comerciales, llevando su ilegalidad hasta áreas de gran actividad económica como las zonas mineras. Las muertes iban multiplicándose día a día y los atentados contra la propiedad también. Comenzaron controlando los territorios de los distritos periféricos de las ciudades para ir avanzando hacia el centro de las mismas. Llegado el momento, comenzaron a imponer cupos a los transportistas, primero con los mototaxistas y después con los microbuseros, hasta llegar a los buses más grandes y, con estos, a las asociaciones o empresas de transporte urbano, con la clara estrategia de mantener una población cautiva en un territorio controlado por la mafia para someterla por completo a sus exigencias. Ante la arremetida criminal, el Estado se mostró muy complaciente, perturbado y confundido. No tenía estrategia alguna para enfrentar un desafío tan atípico, olvidándose de que cuando los parámetros se rompen en el actuar criminal para quebrar el orden social, también la respuesta jurídica e institucional tiene que salirse de sus parámetros de comodidad y adoptar medidas urgentes, armónicas, pero razonables. Recién el Estado como tal se ha puesto a discutir un marco normativo idóneo, aunque nada es idóneo hasta que se vean los resultados de su aplicación; lo cierto es que hay que generar una respuesta eficaz lo antes posible.

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