¿Seguiremos política anticorrupción?

Un informe publicado ayer por EXPRESO revela no sólo la magnitud de las cifras que hay detrás de los actos de corrupción perpetrados desde 2020 a la fecha. Igualmente confirma que, en lugar de haber amainado o estar camino a extinguirse esa costumbre -que hizo crisis con el caso Lava Jato- las autoridades siguen alentando y disfrutando de esta inmoralidad que merma y daña el Estado peruano. Finalmente, indica que las cifras involucradas en esta vileza vienen incrementándose de manera escandalosa. Leamos un párrafo de la información aparecida ayer en este diario: “Desde enero 2021 hasta la fecha, el perjuicio económico causado por la corrupción e inconducta funcional en el Perú supera S/ 67,000 millones, habiendo llegado al pico de S/ 24,000 millones el año 2021.” Tan sólo revisando el año 2021, la pérdida sufrida por el Estado producto de la corrupción es, por ejemplo, más del doble del presupuesto presentado para ejecutar la Carretera Central. Son datos extraídos del Índice CGR de Corrupción que anualmente edita la Contraloría General de la República. Ojo: el analizado periodo 2021 “coincide con gran parte del gobierno de Francisco Sagasti y los primeros meses de gestión de Castillo.” Dos “expectantes figuras políticas” promovidas por la progresía caviar, que en apenas año y medio de gestión acrecentaron todavía más la corrupción.

¡Ya basta! El país no puede ni debe ni quiere seguir siendo pasto de los corruptos que se enriquecen a costa de una sociedad cada día más pauperizada. El Congreso debe legislar para implementar sistemas de alerta previa de lucha contra esta lacra. Esto es mandatorio. ¡Y hacerlo es sólo cuestión de voluntad política! Pero es evidente que esa voluntad no existe en este país, a pesar del rasgo de vestiduras que protagonizaran nuestros políticos tras el monumental escándalo de Odebrecht, Graña y Montero, etc. Incluso el polémico vocal Supremo San Martín ha facilitado con su voto que Odebrecht –una de las compañías más corruptoras del planeta- regrese a trabajar al Perú, aún sin siquiera haberle pagado al Estado un centavo por concepto indemnizatorio, tras los gravísimos daños y perjuicios –económicos y morales- que le ha infligido al país.

En el citado informe de EXPRESO, Alejandro Indacochea, un prestigioso economista, señala que la Contraloría no se ha modernizado, mientras la corrupción le ha ganado terreno. “La Contraloría llega cuando ya ocurrieron los hechos, nunca antes (…) se encarcela a los funcionarios responsables pero el dinero no se recupera.” Ahí el Parlamento tiene una gruesa línea de trabajo por ejecutar. Proveerle de fondos a la Contraloría, basado en la formulación de una política preventiva –como existe en la mayor parte del países desarrollados- sería un gran avance. Aunque no sólo debería limitarse a la tecnología anticorrupción. Hay legislaciones y códigos civiles y penales que deberíamos copiar de las naciones más cautelosas.

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