Seguridad ciudadana y Estado de derecho

El derecho humano a la seguridad ciudadana obliga al Estado a adoptar medidas a través de las diversas instancias de gobierno, instituciones, al sistema judicial y penitenciario, con la finalidad de garantizar a los peruanos una vida libre de violencia. Por lo tanto, en un Estado de derecho el ordenamiento jurídico, las políticas públicas y las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) deben orientar sus esfuerzos a la defensa de los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados por la creciente criminalidad.

En el Perú, solo entre los meses de marzo y agosto, la delincuencia aumentó en un 16% presentando un índice de victimización alto en provincias como Lima, Callao, Madre de Dios y Puno. De acuerdo a las estadísticas, 9 de cada 10 peruanos sienten que serán víctimas de la delincuencia, la cual en el 2022 se incrementó en un 25% en relación con el 2021, cada hora se registran 11 delitos, entre los que figuran robo y hurto agravado. Las personas muchas veces no denuncian porque no confían en la autoridad policial, donde la corrupción lamentablemente, también encuentra espacio para valerse de la necesidad de justicia de los agraviados.

Si las instituciones no son capaces de responder de forma oportuna y eficiente al tamaño del problema, y si solo emprende medidas efectistas y sin ningún impacto en el bienestar de las personas, entonces se convierten también en parte del problema. La inseguridad ciudadana nos está mostrando su rostro más violento, escondido muchas veces detrás de la informalidad, el abandono de la salud mental y de la falta de oportunidades.

Frente a esto, si la respuesta son solo sanciones drásticas, entonces no hemos entendido nada. Tenemos un catálogo completo de conductas tipificadas en el Código Penal y otras normas con prohibiciones taxativas que muchas veces no se sancionan, porque no hay suficientes policías para perseguir los delitos, por jueces que juegan a favor de la impunidad liberando delincuentes, porque las cárceles se han convertido en el centro de operaciones de la criminalidad organizada.

Para combatir la inseguridad ciudadana no se necesitan de más normas sino que estas se cumplan. Se necesita voluntad política y capacidad de gestión en todos sus niveles. La gestión operativa del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana debe actuar en los focos de prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar, de los delitos de robo, hurto y ciberdelito, así como prevenir el posible accionar delictivo en un contexto de inmigración ilegal, informalidad callejera, entre otros. Finalmente, la articulación coordinada y transparente con las instituciones miembros del sistema, municipios, los comités provinciales y distritales, así como con las organizaciones sociales, es esencial.

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