Seguridad jurídica, orden y confianza

El actual debate económico se ha centrado en la necesidad de contar con un Estado que garantice la seguridad jurídica para propiciar una mayor generación de riqueza a través de la inversión privada. La sola inversión pública podría provocar un déficit difícil de cerrar, lo que llevaría a una inflación que podría superar el récord actual, mantenido por años en un dígito. Esto, a su vez, elevaría el costo de vida y reduciría el poder adquisitivo de la población, lo que, como hemos experimentado en el pasado, desencadenaría una pobreza masiva con graves repercusiones sociales y convulsiones en todos los niveles: económico, político y social.
Esta dramática situación la podemos observar hoy en Bolivia, y aunque en términos económicos ya no vale la pena hablar de Venezuela, ambos ejemplos son advertencias claras de los peligros de una mala gestión económica.
Los economistas señalan que el gobierno de Dina Boluarte no ha generado un marco jurídico adecuado que incentive a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas, quienes actualmente están asfixiados por una carga impositiva excesiva en un mercado deteriorado por la caída del consumo. El problema es tan serio que, en las reuniones previas del APEC en Pucallpa, se está analizando exhaustivamente este tema. A la ya difícil situación económica, se suma la extorsión de grupos delincuenciales que imponen el pago de cupos a pequeños y medianos emprendedores, llegando incluso a asesinatos. En este contexto, nadie está dispuesto a invertir, ni siquiera el trabajador más pequeño, como el carretillero de la esquina, quien también es víctima de estos pagos extorsivos.
Además, los economistas advierten que la gestión pública se ha deteriorado profundamente, ya que el complejo marco jurídico actual impone una interminable tramitología que favorece la corrupción generalizada. Lejos de facilitar la inversión, el sector público la obstaculiza, demorando innecesariamente los trámites o creando dificultades que impiden que los inversionistas obtengan los permisos necesarios para realizar sus desembolsos.
La corrupción, mientras tanto, sigue creciendo sin control: en 2012 se estimaban pérdidas de doce mil millones de soles, que ascendieron a veintitrés mil millones en 2023. Según la Confiep, la cifra llega a setenta y dos mil millones en los últimos tres años. Ante esta realidad, es evidente que los órganos de gobierno en las entidades públicas, desde los niveles más altos hasta los más bajos, actúan sin un control efectivo, ni previo ni concurrente. El control posterior, a cargo del sistema de justicia, es ineficaz, afectando la confianza en la imparcialidad de fiscales y jueces, lo que genera un clamor por una reforma radical del sistema.
El desafío es inmenso, pero la respuesta debe ser aún mayor, basada en la virtud y la eficacia.

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