Seis expresidentes con orden de arresto

Triste país. Tenemos el infame récord interplanetario de seis expresidentes de la República procesados judicialmente por corrupción. ¡Cinco arrestados en penales y uno con prisión domiciliaria! Una vergüenza sideral. Aunque, por otro lado, una esperanzadora muestra de voluntad de castigo al crimen perpetrado contra el Estado. Gente que tuvo la osadía de presentarse al país como “aspirante a gobernar en beneficio del pueblo” y lo traicionó, beneficiándose y robándole el futuro a usted.
Recordemos sus nombres y apellidos: Alberto Fujimori, fallecido; Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, todos enjaulados en Barbadillo, condenados por la justicia. Además, Pedro Pablo Kuczynski, con arresto domiciliario por enfermedad.
Es evidente que, además de elogiar la voluntad ciudadana de castigar la felonía de estos sujetos —por haber traicionado el pacto social—, el encarcelamiento de estos expresidentes imputados por corrupción crea en la sociedad una mezcla de sensaciones que va más allá de satisfacerse por el solo castigo carcelario. Porque, salvo que se trate de una mascarada —y estos sujetos queden libres en poco tiempo—, ello demuestra que nuestra sociedad habría empezado a recuperar confianza en su Estado, tras exigirle que nadie —por más condiciones sociales, políticas y/o económicas que exhiba— pueda quebrantar la ley sin ser castigado por una justicia que, hasta ahora, no había sido igual para todos. Consecuentemente, la sociedad espera que el Estado actúe con energía, sobre todo con los “encumbrados” que delinquen.
Pero lo que, por encima de todo, representa la visión de seis expresidentes de la República detenidos —provenientes de varios estratos sociales y/o políticos absolutamente diferentes, que se presentaron arteramente ante este país como “postulantes” para dirigir el Estado representando al pueblo— es que nuestra clase política está infectada de podredumbre hasta la coronilla. Por tanto, es absolutamente ajena al fundamento ético que necesita interiorizar quien sirva al Estado. En otras palabras, el pueblo no debe volver a confiarle el manejo de su nación a cualquier gavilla de aprovechadores, facilitando el voto popular.
Pero, ¿qué hacer en estas elecciones del 2026, donde participarán más de cuarenta candidatos, de los cuales quizá dos o tres se salven de representar a esa corrompida clase política nacional? ¡Pues esta vez votar con la cabeza; ya no con los pies!
Apostilla. La corrupción en nuestro Estado nace de la podredumbre de su clase política. El presidente Leguía fundó la Contraloría en 1929, precisamente para fiscalizar las cuentas públicas desde el entonces Ministerio de Hacienda. ¡Pero ahora la Contraloría es un cero a la izquierda! Para recuperar prestigio, requiere imponer métodos cibernéticos de seguridad en el aparato estatal que detecten, informen y denuncien toda mala intención del burócrata —desde el jefe del Estado hasta el último tecnócrata— por transgredir la ley. ¡Descubrirla ex post —como ahora— resulta inservible! Porque, si la Contraloría existe para supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, inmediatamente debe denunciar toda irregularidad ante el Ministerio Público. ¡No como ahora, que lo hace muchos años después!

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