Señores jueces: ¡respeten la Constitución!

Hombre inteligente –conocedor de la realidad nacional y de las prácticas políticas– es el congresista Fernando Rospigliosi. Legislador pragmático –y despojado de esos clásicos temores que invaden a la mayoría de los parlamentarios, electos en lo que va del siglo–, afortunadamente Rospigliosi ocupa ahora la presidencia de la importante comisión de Constitución del Parlamento, en momentos en que la realidad nacional exhibe, en todo su esplendor, la purulencia que invade a nuestro Estado. ¡Este caos estamos viviéndolo desde que Toledo asumió la presidencia del país! Realidad que, excepto el fallecido mandatario Alan García –durante su exitosa segunda gestión de gobierno–, los demás jefes de Estado que hemos tenido en este siglo (Humala, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti y Boluarte) han resultado ser absolutamente incapaces de superarlo. Más bien lo expandieron, cebados por su incompetencia e intereses personales; por la mafiosa Odebrecht, por la camorra caviar, por la CIDH y por un largo etcétera.
Dentro de los logros que ha alcanzado Rospigliosi como presidente de la citada comisión congresal, destaca la aprobación del dictamen favorable recaído sobre el proyecto de ley que modifica el (mal llamado) Nuevo Código Procesal Penal, cuyo objetivo es “evitar que jueces politizados interfieran en las decisiones adoptadas por el Congreso de la República, como es el caso de las inhabilitaciones a los miembros de la Junta Nacional de Justicia”, tal como informó ayer EXPRESO, agregando que el propósito es evitar que esos jueces –indudablemente politizados y prevaricadores, como señala el dictamen– se entrometan en funciones exclusivas y excluyentes del poder Legislativo. Y cita, como ejemplos, la inhabilitación de la cuestionada ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez e Inés Tello, respectivamente, las mismas que han sido revocadas “por jueces prevaricadores y politizados”, como dice Rospigliosi. “En consecuencia”, prosigue, “el proyecto de ley recientemente aprobado por la comisión de Constitución que presido persigue que esto no vuelva a ocurrir.” El dictamen fue aprobado con catorce votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones.
Evidentemente, resulta inconstitucional –y contrario a toda lógica y buena práctica de gobierno dentro de un Estado de derecho– que los jueces no respeten las leyes votadas por el poder Legislativo, bien sea que estas hayan sido aprobadas por unanimidad o mayoría. Porque, sencillamente, todo lo que se oponga a la lógica democrática constituye no solamente un error, sino un obvio quebrantamiento de la Carta Magna. ¿O acaso los jueces desconocen que la Constitución establece, meridianamente claro, las funciones de los tres únicos poderes del Estado que existen? En todo caso, aquel juez que las transgreda deberá ser inmediatamente removido del poder Judicial y sometido al rigor de la Justicia. Insistimos, el Legislativo es el exclusivo poder constitucionalmente autorizado para debatir, aprobar, promulgar y/o modificar cualquier ley de la República. De ninguna manera puede ni debe hacerlo el poder Judicial, porque estaría vulnerando la prerrogativa monopólica y patente que tiene el Parlamento para aprobar, modificar y/o derogar leyes. ¡Finalmente, para eso tenemos al Tribunal Constitucional!

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