Ser expresidente constitucional del Perú conlleva una dignidad constitucional
La Constitución de 1979, artículo 166, establece que el expresidente del Perú es senador con la alta dignidad de senador vitalicio del Perú. Ley establecida por Belaunde en julio de 1980. Es una conquista social de dignidad política que, según la Carta de Naciones Unidas, es irreversible. Solamente puede mantenerse o mejorarse; y cualquier violación es materia de conocimiento de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU-Ginebra.
Abolida en 1992 por el autogolpe de Estado de Fujimori, dejó de figurar desde el 5 de abril de 1992 y se ha restablecido en el presente 2025 por ley especial. Podría considerarse que es solo literatura, pero es realidad, es decir, jurisprudencia.
Caso Alan García, ya expresidente constitucional entre julio de 1990 y marzo de 1992: la Comisión Diez Canseco le encontró delito de enriquecimiento ilícito (corrupción), fue procesado en el Poder Judicial. Cuando el fiscal de la Nación puso la denuncia ante el Poder Judicial, su juez estaba establecido. Era el vocal supremo titular menos antiguo de la Corte Suprema, que le abrió instrucción. Luego vino el autogolpe y Alan García fugó.
El caso presente del expresidente Vizcarra es ya el 2.º caso. Su juez es el vocal supremo titular menos antiguo de la Corte Suprema; en consecuencia, los jueces que ahora están viendo el caso NO tienen competencia. Significa que la defensa del expresidente Vizcarra debiera plantear la nulidad de lo actuado por incompetencia absoluta de los 3 jueces.
El haberlo sacado de la prisión donde están los otros expresidentes (Toledo, Ollanta, Castillo y PPK con prisión domiciliaria) y llevarlo a una cárcel común junto con presos comunes es delito de prevaricato y abuso de autoridad. Una canallada, peor que la ilegalidad y la indignidad, como lo ha considerado la prensa nacional e internacional, así como personalidades y abogados de la derecha.
Esta aberración, no solo jurídica sino política, desprestigia al Perú y está dando lugar a que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, esté tratando de remediar: ha suspendido al presidente de la JNJ por violencia conyugal, ha ordenado investigación a Patricia Benavides por no probar que tiene bachillerato y probablemente anulará el pedido del fiscal provisional Villena, quien ha usurpado el rol de Patricia Benavides al declarar la ilegalidad del ANTAURO.
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