¿Será verdad tanta belleza?
Durante aquellas largas décadas en que el Perú viviera sus mejores tiempos como Estado de Derecho confiable, los jueces supremos, superiores -hasta de primera instancia- eran nombrados con el voto mayoritario del Poder Legislativo -representante del pueblo- a propuesta del presidente de la Nación. Este método fiel nos garantiza una Justicia sin interferencia política, como continúa ocurriendo en los países que respetan el Estado de Derecho, ejemplo, Estados Unidos. Lamentablemente, todo cambió aquel infausto 3 de octubre de 1968, cuando Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado apoyado por la izquierda procubana. Entonces, el complejo de Adán de la izquierda trastocaría no solo la lógica, pretendiendo redescubrir la pólvora para elegir a los jueces. Posteriormente, haría lo propio con los fiscales tras fundarse el Ministerio Público durante la segunda gestión de Belaunde Terry.
Así lo recordaba el perspicaz analista y hombre de leyes Fernán Altuve-Febres Lores, señalando que lo que ahora es la nefasta Junta Nacional de Justicia -basada en el ex Consejo Nacional de la Magistratura; y este a su turno, en el Consejo Nacional de Justicia inventado por los asesores cubanos de Velasco Alvarado- tiene como origen a aquel monstruo parido por la dictadura procubana de Velasco. Mecanismo que se presta al manoseo de los jueces y fiscales de la República, corroborado por el rosario de incidencias que han ocurrido desde entonces en el sistema de Justicia. Ejemplo, la politizada defenestración del juez Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial; la abusiva destitución del exfiscal de la Nación Pedro Chávarri; o más recientemente, la prepotente y también politizada “suspensión” a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En cada una de estas y muchas otras actuaciones más, los integrantes del ex Consejo Nacional de la Magistratura, como los de la vigente Junta Nacional de Justicia -ambos entes manipulados por los caviares-, han confirmado lo inconveniente de la participación de entidades terciarias para elegir a jueces y fiscales; en vez de que sea el representante del Pueblo: ¡El poder Legislativo! Recientemente el grupo parlamentario Alianza para el Progreso presentó un proyecto de ley que dispone que, nuevamente, a propuesta del presidente de la República, el Congreso elija a los jueces y fiscales (desde primera instancia hasta supremos); modificando, igualmente, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial a efectos que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial lo presida el presidente de Suprema con voto dirimente. y lo conformen tres jueces titulares nombrados por la Sala Plena: uno superior titular, electo por los presidentes de las cortes superiores de Justicia; un juez titular especializado o mixto; y un representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.
Es hora de que nuestro Parlamento retome las grandes decisiones que le competen para orientar al Estado peruano por la senda correcta de su reordenamiento funcional, basado en la experiencia vivida en los tiempos en que nuestra nación funcionó para beneficio del ciudadano. Esperemos que estas iniciativas no queden en el tintero.
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