Sí los representan

Algunos analistas sostienen que los violentos disturbios de las últimas semanas tienen su origen en la inicial manifestación de Dina Boluarte, que pretendía quedarse en el gobierno hasta el 2026. No es exacto.

Si bien es verdad que ese anuncio pudo haber servido para exacerbar los ánimos, el auténtico motivo de las destructivas asonadas es la defenestración del delincuente que ocupaba Palacio. Por eso la reculada de Boluarte y la decisión del Congreso de recortar el mandato no han detenido las algaradas. Lo que las frenó fue la acción de las fuerzas del orden, que demoraron en desplegarse por las dudas y vacilaciones de Boluarte y sus ministros.

Otro de los frecuentes y repetitivos errores de muchos analistas es que los sectores que genéricamente denominan “emergentes” no tienen representación política. En realidad, una parte importante de ellos, que son informales e ilegales, sí la tienen. Pedro Castillo y sus secuaces son sus representantes.

Con ellos, por primera vez llegaron a controlar completamente el gobierno central, imprimiendo claramente su sello de informalidad en la toma de decisiones, designando en los cargos públicos a personas sin la capacidad para desempeñarlos, aprovechando descaradamente el poder para saquear el Estado, sin la más mínima preocupación por la cosa pública.

El miércoles Expreso informaba en su portada: “Vuelven los bloqueos. Diversas ciudades de la región Puno amanecieron paralizadas”. Eso no solo es obra de la agitación de Evo Morales y sus esbirros. Los discursos virulentos del forajido boliviano caen en terreno fértil y soliviantan a los que ya están predispuestos a eso.

Hace ya tiempo que Puno es un departamento que está fuera del control del Estado peruano. Allí las economías ilegales son largamente las predominantes y de ellas viven –directa e indirectamente- probablemente la mayoría de la población. El contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal son preponderantes. No debe sorprender que se sientan indignados porque sus representantes políticos han sido expectorados del gobierno.

Y, por supuesto, sería un contrasentido demandar a quienes viven en la ilegalidad, que respeten las sutilezas legales de la constitucionalidad de la vacancia del delincuente.

Otros “emergentes” son “empresarios” como el chotano Hugo Espino y su hermano, que saltaron a la fama por sus turbios negociados con Lilia y Yénifer Paredes. Como ellos hay miles en todo el país, que no son emprendedores weberianos sino aprovechadores que viven de la corrupción instalada en casi todos los gobiernos regionales y municipales del país.

Otro caso es el del mayor PNP (r) Luis Tuesta, intermediario en los ascensos corruptos en la Policía. Él es “empresario” proveedor de esa institución.

Eso existía desde antes, pero el asunto es que esta vez llegaron al gobierno y al Congreso con Castillo y sus secuaces.

Para enfrentar la violencia de esas turbas de senderista e ilegales hay que entenderlos. Como bien dice Mirko Lauer “Boluarte no puede salir a las regiones peruanas a negociar con interlocutores duros que piden su cabeza”.