Sigue carcomiéndonos el delirio político
¿Qué aguarda el Congreso para ponerle fin a esa payasada conocida como el “Caso Lava Jato”? El daño social, económico –pero, sobre todo, moral– causado como consecuencia del tramposo pacto secreto firmado por los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez –autores de este atentado contra el país– con la corruptora empresa brasileña Odebrecht y, probablemente, con los socios de ésta, como José Graña Miró Quesada, se estima en no menos de US$ 10,000 millones, según datos que circulan profusamente entre diversos bufetes de abogados.
El mencionado pacto secreto suscrito por estos dos mequetrefes, disfrazados de fiscales del Perú, en representación de 33 millones de ciudadanos, no es sino un globo de ensayo que ambos siguen inflando y estaría ya muy próximo a reventar. La irresponsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial es verdaderamente inconmensurable, como es la temeridad de aquella prensa rastrera (El Comercio y su cadena mediática, La República, RPP, canales 2, 4, 5, 8 y 9); la mayoría de ella con severos problemas financieros. Quizá porque Odebrecht ya no sigue apuntalándolos; y posiblemente porque, por pudor, el Estado ha dejado de subsidiarlos por su aplauso barato a las atrocidades que cometen los sucesivos gobernantes. Sin embargo, llama la atención el silencio del Congreso de la República –o, más bien, la cobardía de los legisladores que representan a la sociedad– respecto a lo que constituye la estafa financiera más significativa de toda la historia nacional. Semejante traición no tiene justificación alguna. Más aún, constituye una gravísima falta que la historia se encargará de trasladar a los actuales legisladores, parapetados tras su cobarde silencio.
Apostilla
El Jurado Nacional de Elecciones aprobó la inscripción del partido “Nuevo Perú por el Buen Vivir” (¡qué huachafería de nombre!), con miras a las elecciones de 2026. Según el secretario general de ese partido, próximamente iniciará “un proceso constituyente a través de un frente de izquierdas”. ¡La monserga roja de siempre!
Lidera el grupo la camaleónica –desde caviar hasta proterrorista– excongresista Verónika Mendoza, quien anuncia una manifestación para el 28 de julio bautizada como “insurgencia ciudadana”. “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador (el de Boluarte) ni a leyes espurias”, alega, consciente de que ella votó convencida, satisfecha por la dupla Pedro Castillo/Dina Boluarte; consecuentemente, lo hizo por la actual mandataria, entonces vicepresidenta de la República. ¡Así que váyase a lagrimear al monte, Mendoza! Pero continúan las huachaferías de esta llorona izquierdista: “Si los de arriba no nos gobiernan, los de abajo nos autogobernamos siguiendo los principios del Sumaq Kawasay”, apunta esta cursi extremista, en connivencia con el llamado Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL), apéndice de la levantisca Asamblea Nacional de los Pueblos.
Con esta calaña de izquierdas –que, evidentemente, practican ese terrorismo urbano que transpiran las protestas de las agrupaciones rojas que “reclaman” en este país– el Perú jamás progresará. ¡De hecho, no lo haría en ninguna nación del planeta! Sus mensajes colectivistas profundizan la miseria, incitan al odio y condenan a los pueblos a la peor de las esclavitudes, bajo el mandato imperativo del tirano de turno.
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